El diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical) denunció que “lamentablemente el Ejecutivo ingresó de contrabando modificaciones al ICSA, fuera de lo razonable”.
Según observa, “si bien el adelantamiento pudiera haberlo sido, claramente el numeral 1 y el 5 del artículo 99 de la Ley del Sector Público escapan a toda racionalidad”.
En ese sentido, señala que “el más grave de todo ellos es el numeral 5 producto que la Corte Suprema fue clara en que no se podía cobrar a menores de dos años. Estamos hablando de lactantes, niños y niñas recién nacidos, bebés, que la Corte Suprema dijo que no se les podía cobrar. Aquí el Ejecutivo, a través del numeral 5, dado que no se puede cobrar por un lado, trata de meterlo por otro y que de todas formas se pueda cobrar vulnerando y contraviniendo un fallo claro de la Corte Suprema”.
Y agrega que “adicionalmente elimina y no considera los mecanismos de contención de costos en el numeral 1, lo cual permite que la alza para el próximo año 2024 sea más allá de lo que hemos visto en los últimos años a través del ICSA que para el año 2022 fue un 7,6% porque acumulaba tres años, y este año 2023 fue un 2,6% porque era exclusivamente un año”, agrega.
“Es decir, si se aprueba tal cual está el proyecto de la ley de reajuste del sector público como lo ingresó el Ejecutivo, tendríamos un alza mucho mayor a lo visto en los últimos dos años a través de este indicador”, explica el parlamentario radical.
Por estos motivos el diputado Lagomarsino pidió que se llevará el artículo 99 a la Comisión de Salud de la Cámara, “se pidió que fuera a esta instancia de discusión. Espero que con mis colegas podamos analizarlo. Está invitada la ministra de Salud, el Superintendente de Salud, también el economista David Lebrón, para llevar a cabo la discusión que el Ejecutivo pretendía que no se diera. Aquí se metió por contrabando la modificación al ICSA para que se diera una discusión rápida, superflua, poco profunda, poco estructurada, pero creo que logramos que se le diera una discusión más profunda, la vamos a tener en la Comisión y esperamos darle una recomendación a la Sala”.
En resumen, el parlamentario de la Comisión de Salud de la Cámara advierte que “a través del artículo permite que el alza para el año 2024 sea muchos más grande que lo que hubiera sido sin ese artículo. Y en segundo lugar, la Corte Suprema dijo que no se podía cobrar a menores de dos años, y el Ejecutivo por el lado, de todas formas, trata de hacerlo”.
“El segundo fallo de la Corte Suprema del año 2022 planteó que no se podía cobrar a los menores de dos años por estar considerados, la gran mayoría de sus coberturas, dentro del GES. Y aquí, por contrabando, buscan por el lado, dado que no se puede cobrar en tablas de factores de riesgo, generar una prima para menores de dos años que claramente contraviene el fallo”, recalcó.
En línea con lo expuesto, el diputado indica que “se han hecho múltiples consultas en el último año a la Corte Suprema. Lo hicieron senadores, lo hizo el superintendente y creo que la Suprema ha sido clara. Lo ha dicho en múltiples oportunidades, los fallos son claros, y no se puede cobrar a menores de dos años, así que el proyecto de Ley no puede cobrar a menos de dos años por otro lado”.
En ese mismo sentido, se le consultó respecto a si considera que pudiera abrirse una contienda con el máximo tribunal con el proyecto que se quiere legislar, frente a lo que respondió “no quiero adelantarme. Espero que no lleguemos a aquello y que el proyecto de ley de reajuste del sector público no tenga el artículo 99 una vez sea despachado a Ley”.
A juicio del diputado Lagomarsino, “claramente aquí hay un desorden legislativo producto que muchas de las normas que están planteadas en este reajuste del sector público también están contenidas en la Ley corte de Isapres. Y por ello, veo que el Ejecutivo toma la decisión de introducir por contrabando estas modificaciones dado que en prácticamente un año no ha logrado tener una respuesta a esta crisis”.
Por último, plantea que “más que tratar de dar una discusión superflua, poco profunda, yo creo que las discusiones y los lineamientos ya han sido ingresados a través del proyecto de Ley corta de Isapres. De hecho también hace pocas semanas despachamos de la Sala de esta Cámara, por unanimidad, un proyecto que instaura el proceso de verificación. Entonces creo que los caminos, los canales, para avanzar en el manejo de esta crisis están claros y no sé por qué el Ejecutivo avanza de esta forma”.
Por su parte, el diputado Rubén Oyarzo (Partido de la Gente) sostuvo que “los fallos judiciales se deben cumplir. Esto es un chantaje del gobierno. Creo que acá el círculo vicioso perjudica a la clase media, a la clase media emergente (…) porque quieren salvar a las empresas, quieren salvar a la Isapres”.
Para el parlamentario del PDG, “esto no corresponde. Y desde acá le decimos al Gobierno que no tiene los votos para este artículo porque no puede ser que salvemos a las Isapres, perjudicando a las personas, a la clase media y a toda la gente.
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