25 de noviembre 2024

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El parlamentario y co-autor de la ley de Delitos Económicos sostuvo que «me parece vergonzoso que la CPC -una agrupación de las empresas más ricas de este país- vaya ante el TC para intentar derribar completamente una Ley de la República, bloquear el avance de una ley dictada por un poder soberano como lo es el legislativo, que aprobó esta ley en ambas cámaras por amplias mayorías. Señaló que “estas maniobras son propias de un país tercermundista».

Además aseveró que «los argumentos de la CPC se basan en que Chile no podría establecer un estatuto de sanciones penales más severas -como serían las penas de cárcel- a los gerentes y directores de empresas que mediante actos delictuales causan un grave daño económico a millones de consumidores, a cientos de accionistas, inversionistas o competidores o a cientos de comunidades en el caso de delitos ambientales. En los argumentos empresariales subyace la idea de que la pena de cárcel estaría reservada solo para gente pobre”.

Agregó que «sabemos que hay algunos pocos empresarios que mal utilizan sus negocios para cometer graves delitos en perjuicio de miles de personas, consumidores o competidores y sacan provecho económico de la impunidad judicial, un privilegio profundo antidemocrático y contrario a la igualdad ante la ley. Para ellos, debe haber una respuesta penal potente y disuasiva, que hoy no existe”.

El legislador enfatizo que “el TC se ve en la encrucijada de resolver estos cuestionamientos de la CPC fundados en el poder del dinero y resolver si frena una ley de la república que ha avanzado por el poder democrático de una mayoría de parlamentarios que se comprometió a poner fin a los abusos y privilegios de la elite económica. Vamos a hacer una presentación ante el TC con nuestros argumentos para no se preste para esto» , concluyó el legislador.