Luego de que la magistrada Romy Rutherford decretara la detención del excomandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta, por su involucramiento en el Caso «Fraude en el Ejército», se espera que en los próximos días la ministra en visita tome la decisión de formalizar o no los cargos en contra de Izurieta por malversación de caudales públicos.
Respecto a esta situación, Veritas Capitur consultó las apreciaciones del diputado Leonardo Soto (PS), quien fue uno de los integrantes de la Comisión Investigadora sobre la operación de mutuales vinculadas a las FF.AA. e irregularidades en su fiscalización, y que destacó la investigación llevada a cabo por la magistrada Rutherford, «una de las más extensas y profundas en la historia chilena en materia de corrupción militar».
«Ella ya había acreditado con antecedentes reiterados y voluminosos que durante décadas, cuando llegaban estos excomandantes en jefe a servir en estos cargos del Ejército, tenían la posibilidad de apropiarse indebidamente de centenares de millones de pesos de dinero militar que tenían un destino muy distinto, y que terminaban finalmente en un patrimonio personal de estos altos generales», comentó el diputado del Partido Socialista.
Recordar que las acusaciones y reciente detención de Izurieta se deben principalmente a las declaraciones de dos testigos que estaban encargados de los envíos de los gastos reservados de la Comandancia en Jefe, encabezada por la exmáxima autoridad durante los años 2006 y 2010.
«Era cosa de tiempo que el general Óscar Izurieta fuera detenido y espero procesado a partir de la próxima semana, porque él también participó de esta cadena estructural de corrupción», señaló el parlamentario Leonardo Soto.
En cuanto a las sanciones que se aplicarán a todos los excomandantes involucrados en este fraude militar, el diputado afirma que «tienen que ser sanciones ejemplificadoras, de cárcel, que disuadan en el futuro a cualquier otro alto oficial de incurrir en estas prácticas. El camino más corto para recuperar el prestigio que tuvieron las Fuerzas Armadas pasa por llevar a la justicia y sancionar severamente a todos los excomandantes en jefe que no solo vulneraron su juramento militar, sino que cometieron graves delitos de corrupción».
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