Parlamentarios del oficialismo calificaron como “gravísimo” lo revelado por la prensa respecto a la reunión habría sostenido el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, con la abogada Paula Vial, representante de Jorge Valdivia, para agilizar un recurso a favor del exfutbolista. Por este motivo, entre los diputados no se descarta impulsar una acusación constitucional contra quién lidera hoy el Poder Judicial.
La diputada independiente y jefa de la bancada IND-PPD, Camila Musante, confirmó que evalúan una acusación constitucional tras calificar como “gravísimos los antecedentes que conocemos sobre el señor Ricardo Blanco, presidente de la Corte Suprema, quien habría realizado gestiones el día anterior a la audiencia del señor, hoy formalizado, Valdivia, por delitos de connotación sexual”.
“Una vez más la Corte Suprema está interviniendo en el accionar de la justicia. Esto es gravísimo”, sostuvo la legisladora, quién además es querellante por el delito de tráfico de influencias en el Poder Judicial.
Considerando esta situación, anunció que “vamos a solicitar al Ministerio de Justicia que aclare cuáles son las responsabilidades que pesan sobre el señor Blanco. No descartamos desde ya una acusación constitucional en su contra, sobre todo conociendo cuál ha sido la explicación que le ha dado el país por las gestiones que hizo y que podrían haber favorecido al señor Valdivia”.
“Él es la máxima autoridad de la justicia en Chile y si interviene dentro de un caso judicial, afecta la independencia de toda la justicia en nuestro país. Para garantizarla, vamos a evaluar una eventual acusación constitucional en su contra”, concluyó la jefa de bancada IND-PPD.
Por su parte, el diputado Marcos Ilabaca (Partido Socialista), declaró que “la situación del presidente de la Corte Suprema es una gota más en un vaso que a los chilenos les indigna. Es una gota más respecto a hechos absolutamente condenables que terminaron con la salida de dos ministros de la Suprema, que terminaron con el gobierno forzado a llevar adelante una reforma necesaria al Poder Judicial”.
En ese sentido, cuestionó la situación señalando que “creo que si uno pregunta a nivel nacional, ¿qué abogado tiene la posibilidad de un día para otro solicitar una audiencia con el presidente de la Corte Suprema para que pongan en tabla una causa? Son muy pocos”.
Asimismo, criticó que “ese tipo de situaciones son las que, en definitiva, demuestran en Chile que existe justicia para ricos y justicia para pobres. Ese tipo de acciones son las que van socavando nuestra institucionalidad, mostrando la debilidad de nuestro sistema institucional y hacen que la ciudadanía se sienta cada vez más lejana, no solamente de la política, sino que también de la justicia. En Chile no puede ocurrir eso”.
Respecto a accionar, afirmó que “durante la semana esperamos oficiar al ministro de Justicia, con quien me comuniqué ayer para preguntarle respecto a esta situación, y nos hace más urgente desarrollar una reforma”.
“Si es que es necesario desarrollar alguna acusación constitucional sobre este tipo de hechos, se tiene que hacer. Pero no es posible que el presidente de la Corte Suprema, presidente de uno de los poderes del Estado actúe de esta manera”, sostuvo el parlamentario socialista.
Mientras que el diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical) indicó que “lo preocupante no es que se haya reunido exclusivamente, sino lo que requiero en dicha audiencia, en el sentido que pedía la rápida tramitación de un recurso de protección para que el exfutbolista no estuviera en prisión preventiva”.
En ese contexto, dijo, “mantenemos la preocupación respecto a la influencia que tendrían ciertos abogados en algunas cortes, con algunos ministros e integrantes de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema”.
“Esperamos que el proyecto de ley comprometido por el Ejecutivo para reformar el sistema de nombramiento y mejorar otros aspectos de nuestro sistema judicial, avance lo antes posible”, finalizó el parlamentario radical.
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