6 de octubre 2024

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Revuelo y polémica en todo el mundo político ha causado el beneficio que recibirán José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, quienes están condenados a 18 años de presidio por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, ocurrido en enero del 2013 en Vilcún, comuna de la Región de la Araucanía. La medida que otorga salida dominical y trimestral la tomó el Consejo Técnico de Gendarmería, que determinó que comenzará a regir a partir del próximo domingo 27 de marzo.

A raíz de esta decisión tomada por Gendarmería, es que la diputada RN Camila Flores, recurrió –presencialmente- junto al legislador de la zona Miguel Mellado a la Contraloría General de la República para que determinen si esta decisión cumple con todos los requisitos que exige la ley o si se puede revocar.

“Nos sorprende negativamente que se le esté entregando estos beneficios a los culpables del asesinato vil y cobarde del matrimonio Luchsinger-Mackay, es por eso por lo que estamos solicitando junto con un grupo de legisladores de la zona a la Contraloría que se pronuncie con respecto a la legalidad de esta medida de salida dominical y trimestral”, subrayó la congresista.

Segundos después, agregó que “tenemos legítimamente las aprensiones y dudas sobre esta situación en relación con que si estas personas habrán cumplido con los requisitos que exige la normativa a nivel penitenciario para acceder a estas salidas. Queremos disipar todas las dudas que se generan en este caso y las eventuales presiones que puede haber ejercido este Gobierno para la decisión final de Gendarmería”.

Además, los representantes de RN precisaron que beneficios como este dejan en la sociedad y opinión pública una sensación de impunidad inaceptable frente a delitos de grave connotación como un asesinato como el que sufrió el matrimonio Luchsinger-Mackay, lo que se suma al proyecto de ley que está presentando el Gobierno con suma urgencia en el Parlamento para liberar a los presos del estallido delictual del 18 de octubre del 2019. Este indulto lo podrían recibir 785 personas involucradas en causas relativas a los actos de violencia, destrucción, alteración del orden público, agresiones a carabineros y otros.