En medio de críticas Ministerio de Justicia firma plan piloto por casos de adopciones irregulares

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, y el director nacional del Servicio Médico Legal, Gabriel Zamora, firmaron esta mañana un plan piloto que favorezca encontrar a las familias de las víctimas de procesos de adopción irregular e ilegal en Chile ocurridos durante la dictadura.

“Estamos avanzando en un compromiso que asumimos hace algunos años de colaborar con aquellas personas cuyos hijos fueron adoptados de manera irregular o fueron inscritos de manera falsa, quitándoselos a sus madres y a sus padres, haciendo actos verdaderamente vejatorios de la dignidad humana, violando sus derechos y que sin embargo no se han podido esclarecer hasta la fecha”, sostuvo el ministro Hernán Larraín.

A esta ceremonia, fueron convocadas la Agrupación Hijos y Madres del Silencio, quienes irrumpieron la ceremonia para leer un comunicado en el cual rechazaban la iniciativa. Su vocera, Marisol Rodríguez, señaló:

“El viernes pasado nos sorprendimos con la noticia de que hoy se firmará un contrato con una de las dos organizaciones que hemos trabajado por las víctimas de tráfico de niños y niñas para adopciones ilegales o irregulares en nuestro país.

Nuestra organización no fue consultada en todo este tiempo y señalan que fue porque no tenemos personalidad jurídica. Ministro: para hacer la labor que el Estado debería hacer no hemos necesitado ni personalidad jurídica, ni dinero, ni apoyo de ningún tipo. Solo con cariño y voluntad hemos acogido a miles de familias en Chile y el extranjero y ya hemos resuelto más de 260 casos, todos comprobadamente reales, sin embargo, se privilegió el trabajo con una ONG que ya ha recibido 181 millones, 680 mil pesos primero 100 millones de pesos en el primer gobierno de Piñera y diversas subvenciones de municipios y subsecretaría de Hacienda que suman 81 millones 680 mil”, aseguró Marisol Rodríguez.

Dentro de los puntos concretos que reclaman desde la ONG, señalan:

Es un contrato que va a otorgar fondos a una ONG para comprar kits de ADN international que nosotros hemos usado pero que no tiene los estándares necesarios para reemplazar el Banco de Huellas Genéticas de ADN nacional que hemos solicitado desde que se aprobaran las conclusiones de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados y Diputadas el año 2019.

Los bancos de ADN internacionales son muy valiosos para entidades como las nuestras, pero generan dificultades ya que reciben test de miles de personas de todo el mundo, pero no necesariamente ingresan sus nombres reales o permiten la búsqueda de familiares a través de estas cuentas. (Tenemos experiencias muy frustrantes a raíz de ello).

Además, el banco internacional de ADN no es un ente estatal, es propiedad de empresas internacionales y no da garantías a las familias del tratamiento de sus datos, pues son test personales donde se supone que son evaluados por cada persona. Acá no se sabe quién va a manejar esos datos y garantizar su privacidad.

El ministro Hernán Larraín, afirmó que todos los actores han sido incluidos

“Nuestro propósito es ayudar al Servicio Médico Legal para que pueda dar respuesta a los tribunales de justicia. Los tribunales le piden al SML antecedentes pero que no pueden buscar por sí mismos siempre, esto es conocido por todos, no solo nos hemos juntado con la ONG nos buscamos. Nuestro ánimo ha sido de inclusión, todos participamos porque este es un problema humano, no tiene instituciones de por medio y si el convenio se ha hecho con la ONG nos buscamos es porque Hijos y Madres del Silencio no tiene personalidad jurídica, no puede hacerse cargo de responsabilidades como grupo frente a una institución como es el SML”, señaló.