20 de julio 2024

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Durante febrero de 2022, la pasada administración de la Empresa Nacional de Minería (Enami) desvinculó a los ejecutivos Pedro Pablo Lavín y Sandra Bertoglio luego que una auditoría señalara problemas de gestión.

Entonces, por estos despidos, Llavín recibió una indemnización de $450 millones, mientras que Bertoglio recibió $400 millones, de acuerdo a lo recogido por El Líbero.

Sin embargo, con la nueva administración volvió también Jaime de Pérez de Arce, quien ha estado al frente de la estatal en cuatro ocasiones, sumando 13 años de gestión, y quien es cuestionado por traer de vuelta a más de 20 personas despedidas e indemnizadas, entre ellos varios militantes políticos.

Cuatro meses después que Pérez de Arce asumiera, contrató en sus mismos cargos a Lavín y Bertoglio, pese a que los despedidos se produjeron luego que una auditoría de PwC detectara una serie de irregularidades, en el proceso de negociación y venta de ácido sulfúrico. Las que causaron pérdidas por más de US$5 millones.

En 2022, el entonces ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, entregó estos antecedentes al ex fiscal Jorge Abbott, y señaló que «queda de manifiesto que existen indicios de irregularidades o situaciones que deben ser consideradas para investigar y determinar si existen responsabilidades».