Este jueves, la Fiscalía presentó el 5º Boletín Estadístico de Acceso a la Justicia Penal de Migrantes y Extranjeros, el cual arrojó que entre los años 2016 y 2020 la cifra de imputados extranjeros «aumentó progresivamente», alcanzando un incremento de 355%.
La información fue desarrollada por una mesa interinstitucional entre el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, los ministerios del Exterior y Justicia, Carabineros, la PDI y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
El documento, presentado por el fiscal nacional, Jorge Abbott, agrega que solo en el 2020 la cantidad de imputados inmigrantes creció en un 135,8% en relación al año anterior.
Un 45% de los detenidos en ese mismo año corresponden a personas de nacionalidad venezolana y peruana, figurando también en el listado chinos, brasileños y argentinos.
De estos, el 76,8% corresponde al sexo masculino y el 23,2% al femenino.
Además, el boletín da cuenta de que entre 2016 y 2019, la mayor relevancia fue para los delitos de la Ley de Drogas, la Ley de Tránsito, leyes especiales y contra la propiedad.
Respecto a la información entregada, Abbott señaló que «el crimen organizado internacional que pretende penetrar en nuestro país con bandas integradas por delincuentes violentos provenientes de otros países está siendo investigadas y perseguido con especial prioridad por la fiscalía bajo el sistema de focos investigativos, de análisis criminal y también patrimonial en un trabajo exhaustivo que estamos realizando y llevando adelante con ambas policías, con el fin de desmantelar dichas organizaciones, que no solamente producen un daño y un efecto en la comunidad nacional, sino que también estigmatizan a los migrantes que muchas veces vienen a nuestro país a buscar un mejor destino, vienen a ser un aporte real».
El fiscal nacional agregó que «los migrantes son un grupo especialmente vulnerable, dentro de otros grupos vulnerables que forman parte de nuestra comunidad. Muchas veces deben enfrentar escenarios que complican su adecuada integración social. Si ya para un chileno enfrentarse a la justicia es un proceso complejo, para un migrante, un extranjero, sin mayores redes de apoyo y con desconocimiento muchas veces conocimiento del idioma, puede llegar a ser casi una odisea. Ahí tenemos un espacio, una obligación como Estado que cumplir».
En esa línea, afirmó que «no obstante estos extranjeros sean víctimas o imputados sus derechos deben ser resguardos, como también que no sean objeto de actuaciones discriminatorias o arbitrariedades, como suele ocurrir».
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