29 de enero 2023

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La ex seremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, presentó una querella por soborno, cohecho y prevaricación en contra de quienes resulten responsables de presuntas irregularidades en un proyecto sanitario a desarrollarse en un sector de Quilicura, en tiempos de su gestión,

En detalle, el abogado de Hidalgo presentó un escrito que menciona a las ministras Carolina Tohá y Maisa Rojas, de Interior y Medio Ambiente, respectivamente; además de la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales; el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson y la delegada presidencial Metropolitana, Constanza Martínez.

Todas las personas antes mencionadas, según la denuncia de Hidalgo, habrían cometido irregularidades en el desarrollo del proyecto antes mencionado.

Cabe recordar que el propio ministro de la cartera, Giorgio Jackson, le pidió la renuncia a Hidalgo, argumentando que no había confianza en ella. A lo anterior, la ex seremi respondió acusando que el real motivo de su salida tenía que ver con su negativa a aprobar proyectos que, a su juicio, no contaban con los requisitos necesarios.

Tras lo anterior, desde el Gobierno arremetieron nuevamente contra Hidalgo, diciendo que la confianza en ella se deterioró cuando no actuó frente a denuncias de abuso sexual a una menor en uno de los centros dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.

Con respecto al Proyecto de Solución Sanitaria al que hace alusión la querella, este estaba a cargo de la  Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A.

A tal respecto, la querella sostiene que «la Declaración de Impacto Ambiental fue declarada admisible por la Comisión de Evaluación, con fecha 21 de noviembre de 2018, y fue aprobada mediante Resolución Exenta (…) de fecha 7 de diciembre de 2022, de la citada Comisión».

Al mismo tiempo, se señala que cuando Hidalgo asumió su cargo, le «tocó participar, a partir de esa fecha, en la evaluación ambiental del citado proyecto».

Del mismo modo, Hidalgo sostiene que un grupo de WhatsApp destinado a coordinar actividades de la cartera, «fue más allá de la coordinación y se utilizó para aprobar o rechazar ilegalmente proyectos sujetos a evaluación ambiental ante dicho órgano, hechos que pueden ser constitutivos de delito».

Para ejemplificar, la ex seremi explica que «el día 23 de noviembre de 2022, previo a la votación del Proyecto de Solución Sanitaria para un sector de Quilicura, de Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A., recibí el llamado de la SEREMI de Medio Ambiente, doña Sonia Reyes Packe, para hablarme sobre el citado proyecto, a lo que yo le respondí que no se preocupara por mí, ya que, al tratarse de una sesión extraordinaria, yo ya tenía agendado otro compromiso, y, por lo tanto, me iba a excusar».

«A los pocos minutos de esa llamada, recibí otro llamado, esta vez de la Subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, doña Francisca Perales, diciéndome que no podía excusarme por órdenes de la ministra del Interior», agrega el escrito.

Tras lo anterior, Hidalgo agrega que preguntó extrañada si de verdad la orden emanó desde la ministra Tohá, ante lo que se le respondió que «son órdenes de Interior».

En detalle, las irregularidades que denuncia la ex seremi son:

  • «El otorgamiento de instrucciones ilegales a mi persona de parte de la ministra del Interior, Carolina Tohá, a través de otros funcionarios, para aprobar el Proyecto de Solución Sanitaria para un sector de Quilicura, de Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro, lo que fue comunicado por celular y WhatsApp de la subsecretaria de servicios sociales (…). Se deben investigar las relaciones administrativas, políticas o de otro orden, entre la ministra (…) y la empresa de servicios sanitarios San Isidro S.A., sus propietarios, directores o gerentes, uno de cuyos propietarios y directores es el ex Tesorero del Partido Por la Democracia (PPD), Gustavo Silva Cabello, con quien Carolina Tohá tenía estrechas relaciones políticas».
  • «El otorgamiento de instrucciones ilegales a mi persona de parte de la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales Flores, para aprobar o rechazar diversos proyectos sujetos a evaluación ambiental».
  • «El otorgamiento de instrucciones ilegales a mi persona de parte de la delegada presidencial Constanza Martínez, para aprobar o rechazar diversos proyectos sujetos a evaluación ambiental».
  • «La solicitud de petición de renuncia a mi cargo de seremi por parte del ministro Giorgio Jackson Drago, motivado por mi oposición a las intervenciones e instrucciones ilegales que se impartían desde el nivel central del Ministerio, específicamente de la Subsecretaría de Servicios Sociales».
  • «La intromisión de la ministra de Medio Ambiente María Heloisa Díaz en los procedimientos y calificación ambiental de proyectos de la Comisión Ambiental de la Región Metropolitana, mediante el apoyo del abogado Sebastián Aylwin Correa, de la oficina de evaluación ambiental de dicho ministerio».