Exdirector de Oceana y constitucionalistas expusieron por acusación en contra del Presidente

• Alex Muñoz entregó antecedentes sobre las reuniones que sostuvo cuando la organización que encabezó impulsó la propuesta de área marina protegida para Punta de Choros. Por su parte, los abogados entregaron sus observaciones a la acusación.
  

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La comisión que estudia la acusación constitucional en contra del Presidente de la República recibió a Alex Muñoz, director de National Geographic Latinoamérica. El invitado expuso sobre los hechos ocurridos durante su gestión como director de Oceana.

Explicó que, desde la presentación de la propuesta de área marina protegida en la zona de Punta de Choros, sostuvieron distintas reuniones con autoridades de gobierno e incluso se le solicitó reducir la zona de protección.

“En una de esas reuniones el seremi de medio ambiente, Cristián Felmer, me solicitó si podíamos achicar la zona a proteger. Es decir, que la propuesta de área marina protegida se achicara en la zona sur. Me dijo que estaba complicada la aprobación de la propuesta y me planteó, derechamente, sacar la zona sur para facilitar su aprobación. En dicha zona era donde habría estado emplazado el proyecto Dominga”, detalló.

Relató que, en su calidad de director ejecutivo de Oceana, tuvo una reunión con Sebastián Piñera, en mayo de 2011, en La Moneda. El objetivo de la cita era la realización de un documental sobre Isla de Pascua. Especificó que, en la oportunidad, le consultó sobre el Archipiélago de Humboldt y la necesidad de proteger la zona de proyectos industriales.

“El Presidente me dijo que conocía la zona perfectamente bien, porque había buceado en Punta de Choros. Que era un lugar extremadamente extraordinario y, abro comillas, ‘cuando uno ve eso, dice si esto alguien lo quiere matar es un criminal’”, precisó.

El exdirector de Oceana puntualizó que, desde el 30 de julio de 2010, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, a través de distintas autoridades de confianza, estaba en pleno conocimiento de la existencia de una propuesta de creación de un área marina protegida en la zona de la Higuera y el Archipiélago de Humboldt, que incluían la zona donde estaba emplazado el proyecto Dominga.

Añadió que, en la misma fecha, la propuesta ya había sido difundida en medios de comunicación, tanto a nivel nacional como regional. En tal plano, cuestionó dichos del máximo ejecutivo de los negocios de la familia Piñera Morel, Nicolás Noguera. Este señaló que no recordaba que en 2010 (cuando la familia participaba en el proyecto) se conociera esta solicitud de área marina protegida.

“Una inversión de esta naturaleza, por los montos involucrados y por el grado de conflictividad y notoriedad pública que tenía esta misma zona por el proyecto Barrancones, hace totalmente imposible de creer que los inversionistas no conocieran la existencia de una propuesta que podría haber obstaculizado su propiedad de inversión”, planteó.

En la sesión participó la abogada constitucionalista Marisol Peña. Entre otros puntos dijo que no se configura uno de los fundamentos básicos de una acusación constitucional. Ello, porque la mayor cantidad de imputaciones que se efectúan son no por actos sino que por omisiones.

Adicionalmente, detalló que el Presidente asume el cargo en marzo del año 2018. En tal plano, los actos de su administración que podrían ser objeto de la acusación corresponden al periodo constitucional que está ejerciendo.

“Si nos remitimos a su primer periodo. Aquel que se verificó entre los años 2010 y 2014, hace rato que prescribió el plazo de 6 meses posterior a que hiciera dejación en el cargo para poder deducir la correspondiente acusación”, detalló.

También participó el abogado constitucionalista, Jaime Gajardo. Dijo que comparte la tesis de que se trata de una acusación de tipo político constitucional, ya que uno de los pilares de la democracia constitucional es el principio de responsabilidad.

“La responsabilidad constitucional es aquella que tienen las autoridades en el ejercicio de sus funciones y que se deriva de los supuestos básicos del Estado democrático de derecho”, acotó.