16 de abril 2024

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El exministro Giorgio Jackson (RD) presentó una demanda en contra de 23 diputados de la UDI por lo que considera difamaciones en su contra, tras vincularlo a los líos de plata del denominado «Caso Convenios» y el robo de computadores desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mideso).

Recordemos que el exsecretario de Estado ya había presentado un acción judicial en contra de la UDI, el senador Fidel Espinoza (PS) y el empresario Jorge Errázuriz, por haberlo vinculado a los mismo hechos mencionados.

Entre los antecedentes de la demanda se señala la carta enviada por los parlamentarios al Presidente Gabriel Boric, «con bastante sospecha, estupor e, incluso, desconfianza», en la que al exministro se le «habría estado vinculado tanto a la sustracción de 23 computadores institucionales y una caja fuerte desde oficinas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, como a las distintas investigaciones dirigidas por el Ministerio Público en el marco del Caso Convenios».

De esta forma, «el envío de esta Carta se trata, indudablemente y en general, de un hecho político y comunicacional, que, en particular y por los términos empleados, dañó la honra de nuestro representado. La cobertura mediática de este hecho lo comprueba».

«Es en este contexto que aseveran los firmantes de la Carta que tanto el robo sufrido por el Mideso como el ‘Caso Convenios’, son hechos que tienen en común la participación del Sr. Jackson como un agente obstructor de la investigación penal. Y acaso como intentando justificar dicho vínculo, indican en su texto que ‘la gran mayoría de los chilenos -de forma bastante transversal- ha vinculado el robo en el Ministerio de Desarrollo Social como una operación política para ocultar justamente toda la información relacionada con el eventual fraude al Fisco que se investiga'», agrega.

Asimismo, la demanda señala que se acusa al exministro de «haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas y, por último, por estar directamente involucrado en el sospechoso robo de 23 computadores y una caja fuerte desde su ministerio, justo cuando días atrás el fiscal nacional, Sr. Ángel Valencia, había informado que probablemente sería citado a declarar en el caso».

En consecuencia, afirma que «a raíz del ilícito civil cometido, nuestro representado sufrió cuantiosos daños que deben ser indemnizados solidariamente por los demandados y cuya especie y monto se discutirán en la etapa procesal correspondiente».

Por este motivo, indican que «no pretendemos reclamar ningún posible tipo de daño patrimonial que haya sufrido nuestro representado. Con la mención a la salida del MIDESO no querríamos justificar ningún tipo de daño emergente ni lucro cesante respecto de un cargo de confianza de S.E. el Presidente de la República y respecto del cual don Giorgio Jackson renunció, sino que simplemente apuntaremos a la última forma de daño a la honra que provocó el ilícito civil cometido por los Honorables Diputados».