Un grupo de economistas y académicos de distintas universidades del país, entre ellos el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés; la académica de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, Andrea Betancor; del Instituto de Economía de la PUC, Claudia Martínez; de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, Gabriel Ugarte; y del Centro de Estudios Públicos (CEP), Gabriel Ugarte y Rodrigo Vergara, elaboraron una estimación del costo fiscal que implicaría la propuesta de nueva Constitución.
El informe elaborado evalúa que el texto supondría un gasto anual del 8,9% del Producto Interno Bruto (PIB) en un escenario bajo, y de un 14,2% en un escenario alto.
Para realizar este cálculo, se tomaron en cuenta dos consideraciones: una más baja y otra más elevada. «La primera es más conservadora en materia de provisión de servicios y de gasto. Los dos escenarios difieren a veces por el método utilizado y otras por supuestos o la interpretación del artículo respectivo», indican los autores.
Además, distinguen entre tipos tipos de gastos: el gasto anual recurrente para satisfacer el mandato (por ejemplo, un subsidio necesario para el acceso digital), gastos recurrentes en administración estatal (creación de nuevas instituciones) y gastos no recurrentes por ajustes de stock que, por una sola vez, son necesarios para cumplir ciertos estándares, como lo es la expropiación de tierras para su restitución a los pueblos indígenas.
Al disgregar el costo por temática, el ítem que más gastos implicaría sería el derecho a la salud y derechos sexuales (1,89% anual del PIB en escenario bajo y 2,75% en escenario alto), seguido de la seguridad social (1,33% y 2,20%) y de el derecho a la vivienda (1,19% y 1,67%).
En tanto, los expertos recordaron que a diferencia de un proyecto de ley, las constituciones no van acompañadas de un ejercicio de estimación de costos, por lo cual el informe tiene como objetivo informar a la ciudadanía de cara al plebiscito de salida.
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