Nuevos detalles del caso Democracia Vivia fueron revelados a partir de las declaraciones que entregó ante el Ministerio Público el exseremi de Antofagasta, Carlos Contreras.
Las declaraciones reveladas por La Segunda fueron hechas el pasado 16 de enero. En ellas, Contreras asegura que en abril de 2022, poco después de asumir el actual gobierno, recibió «presión» para ejecutar presupuesto por parte de la encargada de la encargada del Programa de Asentamientos Precarios, la arquitecta Verónica Serrano, tía del jefe de asesores de presidencial Miguel Crispi.
Según consigna el medio, Contreras declaró que «tenía presión desde el nivel central para cumplir con estos objetivos, quiero hacer hincapié que (de) ninguna otra autoridad del Ministerio recibí el nivel de presión que recibí desde Verónica Serrano. En ningún tema, ni del ministro, ni de la subsecretaria, ni de ninguna otra jefatura».
Y detalla que «realizó dicha presión en la reunión de julio de 2022, de manera permanente a través de Yasna Contreras (encargada del Serviu de Antofagasta), que presionaba a mis equipos, lo hizo de manera telefónica y finalmente lo hace por escrito en el email del mes de septiembre de 2022. Siempre con la idea que por el alto monto asignado a Antofagasta, monto que no participé ni solicité, recaía la eficiencia del gasto del programa a nivel nacional».
Además, en relación con el conocimiento que habría tenido presidencia durante los días 5 a 7 de junio en que Miguel Crispi se habría enterado del «rumor» sobre Democracia Viva, Contreras afirmó que «la regularidad del proceso es lo que se me transmitió a nivel central y regional, a tal punto, que con todos los procesos posteriores, lo auditoría que realizó la subsecretaria en diciembre de 2022, la auditoría que realicé yo a partir de febrero del 2023, el ordinario 584, con que respondió a la subsecretaria en mayo del 2023, el informe de Ricardo trincado (ex jefe de Asentamientos Precarios) en junio del 2023 y en el informe de la subsecretaria (Rojas) realizó y envió a Presidencia con mi colaboración entre los días 5, 6 y 7 de junio del 2023, se expresan y entienden como regulares todos los procedimientos asociados al programa de Asentamientos Precarios realizados por los equipos a nivel nacional y en Antofagasta».
Sobre esto último, aseguró que dicho informe «habría dado cuenta a Presidencia de que el Ministerio de Vivienda, en todos sus niveles, consideraba apropiados estos procedimientos. Entiendo que dicho informe no está en la carpeta investigativa, y parte de mis pruebas son mis conversaciones por Whatsapp con la subsecretaria Tatiana Rojas. Conversaciones que dan cuenta de que durante al menso dos días elaboró dicho informe y que termina con la expresión de la subsecretaria ya está enviado y un poco más abajo me indica: ‘Ahora hay que esperar qué dice La Moneda’.
«Para mí, este informe da cuenta de que los procedimiento eran propios a nivel nacional del Programa de Asentamientos Precarios, muy posiblemente también indicaría la responsabilidad de Verónica Serrano, ya que la subsecretaria (Rojas) habría detectados falencias, las que posteriormente fueron corroboradas por la Contraloría General de la República».
Contreras afirma que el 17 de julio de 2022, y por problemas en el manejo de cuantiosos recursos, viajó a Santiago «con el objeto de realizar una ronda de gestiones. Conversé en torno a estos con Claudia Ernst, jefa de la división de Administración y Finanzas a nivel nacional». A ella le habría solicitado mayores recursos humanos explicando, además, que desde 2019 se mantenían funcionarios en Serviu y la Seremi con cargo a los convenios, pagados por fundaciones, sin embargo la respuesta fue negativa por no disponer de cupos.
En esta misma línea, finalmente señala que «quiero hacer hincapié que las reuniones con la subsecretaria y el ministro, de forma individual, son excepcional. Aproximadamente me reuní unas cuatro veces con ellos en forma individual, debiendo ser fundadas y de una forma de proceder». A ello agregó que «cuando hablé con Tatiana Rojas telefónicamente, directamente le plantee la problemática de los grandes recursos entregados a la región y las fórmulas de solución, no señalándole reparos a las propuestas que me habían entregado desde la Seremi ni de parte de Serviu, ya que de haber cuestionado los procedimientos habría cuestionado el cuestionado el quehacer del Serviu desde el año 2019 en adelante y, por ende, la gestión del gobierno anterior».
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