18 de julio 2024

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  • El sacerdote suma al debate lo que denomina una deshumanización social por parte de quienes le piden que pasen las elecciones para intervenir en los casos de detenidos sin debidos procesos.

El sacerdote jesuíta Felipe Berríos, parte dialogante de una discusión sobre una Ley de Indulto para los presos de la revuelta social, ha señalado que el debate se ha extraviado lejos de una discusión más central: la que exige una solución para los cientos de chilenos en prisión preventiva sin contar con una sentencia ni debido proceso.

De acuerdo al informe del Ministerio Público de octubre, 648 personas se encontraban en prisión preventiva y 725 han sido condenadas, de un total de 5084 formalizadas.

De todas ellas, Berríos aborda el emblemático caso de Felipe Santana, un joven de 19 años que ha estado encarcelado durante los últimos 11 meses en espera de una condena de al menos 7 años de presidio por su presunta participación en la quema de una banca de la catedral de Puerto Montt, pese a cuestionables evidencias y testimonios de los mismos policías que lo detuvieron.

Para el sacerdote este ejemplo revela que muchos de los jóvenes encarcelados tras el estallido social no han tenido una defensa justa y se les ha abandonado políticamente. “El Estado de Chile acusa a estos chiquillos de delincuentes, pero no se ha respetado su presunción de inocencia. Por otro lado, está el juicio social, con gente que les tiene rabia a estos jóvenes a quienes primero se les trató de héroes y después se los olvidó. Son seres humanos que están siendo tratados injustamente antes de tener un juicio justo cuando la prisión preventiva ya ha sido un gran castigo”, sostiene.

Describe cómo la figura de los jóvenes que saltaron torniquetes al inicio de la movilización social mutó rápidamente ante la necesidad de encontrar responsables y la urgencia por votar y conseguir el 10% de las pensiones como prioridad. Alega, incluso, un desequilibrio emocional colectivo que ha llevado a la sociedad a dejar de tener sueños y a cuestionar un bono de emergencia para los más pobres, pero que a la vez aplaude la gestión de las ollas comunes. “Ese mismo espíritu ha criminalizado a estos jóvenes y no solo es la propaganda detrás de la cobertura de muchos de estos hechos, sino que es producto de una sociedad desideologizada políticamente que yo comparo con una persona sin piel, que queda expuesta a lo que venga: las noticias, las drogas, los mensajes de odio, etcétera”, señala Berríos durante el conversatorio «DDHH y garantías ciudadanas de los presos de la revuelta”, organizado por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Sobre una búsqueda de solución a través de la discusión de una Ley de Indulto para los detenidos -por la revuelta, Berríos lamenta las trabas políticas con las que se ha encontrado. “He pedido, he rogado, he hablado con políticos de todos los colores, pero me piden que esperemos que pasen las elecciones para intervenir. Mientras, hay chicos que han intentado suicidarse en la cárcel. En este momento requerimos revertir este juicio social y no permitir al gobierno que siga poniéndolos como culpables”, señala junto con recordar su reciente visita a un adolescente de 15 años que

intentó suicidarse en la cárcel de Antofagasta y que hoy está hospitalizado y encadenado a su cama.
Recordó también otras ocasiones en que el gobierno ha logrado acuerdos políticos ante situaciones que involucran delitos graves, como fue el caso de último paro de camioneros que paralizó las carreteras o las condenas mínimas en casos de financiamiento ilegal de la política. “Yo le pediría al gobierno que hiciera lo mismo en este caso. Los camioneros violaron las mismas leyes antibarricadas de estos jóvenes, un delito grave, como se ha asegurado, pero el gobierno se dio cuenta que había un origen político en la demanda y decidió no aplicar la ley, sino que buscó una salida política», señala Berríos.