Fenadaj emplaza al Gobierno a cumplir compromisos con la justicia

• A través de una nota dirigida al Presidente Boric, los personeros de las Corporaciones de Asistencia Judicial insistieron en la necesidad de que el Jefe de Estado intervenga ante el temor de que los acuerdos suscritos en junio pasado con el Ministerio de Justicia tras 60 días de Paro, no se cumplan, pues a juicio de los dirigentes “aquí está la palabra del gobierno empeñada”.

Con la entrega de una carta entregada en el Palacio de La Moneda y en el Ministerio de Justicia, representantes de las y los trabajadores  de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJs), exigieron al gobierno el cumplimiento de un protocolo suscrito en junio pasado, donde había un compromiso de la cartera liderada por Jaime Gajardo, de avanzar en materias como infraestructura, salud mental, jornada laboral, dotación y homologación de remuneraciones.

Al respecto, desde la Federación Nacional del Acceso a la Justicia (Fenadaj) advirtieron además en el texto, la necesidad de “fortalecer el acceso a la justicia para toda la ciudadanía, especialmente los sectores más vulnerables”.

“Solicitamos al Presidente de la República que interpele  a los Ministros de Justicia y Hacienda para  garantizar el cumplimiento del protocolo firmado, porque con el presupuesto 2026 esto no se ve reflejado”, señaló la timonel de Fenadaj, Victoria Escalante.

Así mismo la dirigente, acompañada por miembros de la asociaciones base, advirtió que la actual partida financiera  asignada al sector de las Corporaciones de Asistencia Judicial, “solo representa continuidad y no lo que el servicio requiere”, añadiendo la relevancia de que el primer mandatario intervenga porque a su juicio “está la palabra del gobierno empeñada”.

Las aprensiones de las y los funcionarios de la Asistencia Judicial surgen porque en el contexto de la discusión presupuestaria 2026, no están  dispuestos los recursos comprometidos para el mejoramiento de diversos ámbitos de las CAJs, pese a la inminente promulgación de la ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, entidad que reemplazará a las actual institucionalidad.