- Representantes de los funcionarios de las Corporaciones de Asistencia Judicial denunciaron que es imposible pensar en mayor resguardo y defensa de la infancia en el territorio, sin una política eficaz y recursos adecuados para las instituciones abocadas a este ámbito
Dirigentes de las Federación Nacional del Acceso a la Justicia (Fenadaj) advirtieron sobre la complejidad de abordar políticas públicas de resguardo a la infancia, ante la incertidumbre financiera que envuelve a los programas que apuntan a la protección de este grupo etario.
Así lo manifestó, la presidenta de esta organización que aglutina a las y los trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJs), Victoria Escalante, señalando que es imposible pensar en futuras reformas legales para una institución “que ya se encuentra colapsada”, en alusión al nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, el cual reemplazará a la actuales CAJs y que se encuentra en uno de sus últimos trámites legislativos.
“No queremos otra política pública que vaya destinada al fracaso. Sabemos que existe un ajuste presupuestario a nivel país, pero eso no puede afectar la calidad de un servicio esencial para la ciudadanía, incluyendo niñas, niños y adolescentes”, enfatizó la Trabajadora Social y dirigente.
El temor de los personeros gremiales surge porque las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial asumen actualmente no solo la representación jurídica de la población más vulnerable, sino además programas como NAD (Niños, Niñas y Adolescentes se Defienden) y PMA (Programa Mi Abogado), el cual incorpora a Personas Mayores, donde la falta de dotación y recursos han sido la tónica y motivo incluso de un paro de actividades de las Corporaciones que se extendió por cerca de dos meses.
Para Fenadaj resulta preocupante que las autoridades anuncien propuestas de ley y renovadas orgánicas, prometiendo acceso universal, en medio de un panorama que se refleja en listas de espera e infraestructura muchas veces indigna para los usuarios.
“Queremos enfrentar este nuevo proceso de seguir acercando la justicia a la población más precarizada .Pero esto exige financiamiento suficiente no solo en la partida del 2026, sino además un presupuesto robusto para el nuevo Servicio”, acotó la presidenta de Fenadaj.
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