- Los dirigentes de la Asistencia Judicial acusan incumplimiento de acuerdos firmados con el Ministerio de Justicia durante el gobierno de Gabriel Boric advirtiendo que la situación podría agravarse con los anuncios presupuestarios de la futura administración de José Antonio Kast.
Una profunda decepción manifestaron representantes de las y los trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial frente al gobierno saliente de Gabriel Boric, acusando el incumplimiento de compromisos suscritos con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile en materias clave para el funcionamiento de un servicio fundamental para el acceso a la justicia de la población más vulnerable.
Así lo señalaron desde la Federación Nacional del Acceso a la Justicia (Fenadaj), afirmando sentirse “profundamente decepcionados por el actuar de la autoridad”, ya que, pese a existir dos protocolos firmados entre la organización gremial y representantes del ministerio, finalmente no se cumplieron los compromisos adquiridos.
“Desde nuestro ámbito ha existido un compromiso absoluto con el trabajo, logrando incluso verificar y superar todas las metas laborales exigidas, pese a la concurrencia de un paro que se extendió por casi tres meses”, manifestó la presidenta de la federación, Victoria Escalante.
La dirigente se refiere a un protocolo suscrito en agosto de 2023 y posteriormente actualizado en 2025, tras una prolongada paralización de actividades. En dicho acuerdo se contemplaban avances en dotación funcionaria, mejoras de infraestructura y reducción de brechas salariales, entre otras medidas que —según la organización— no fueron abordadas en su totalidad por el Ejecutivo.
Escalante acusó a la actual administración de haber dilatado la ejecución de medidas destinadas a fortalecer la función pública y mejorar la atención a los usuarios. Según señaló, pese a los esfuerzos realizados por la organización durante el periodo de gobierno, el mandato concluye “sin una respuesta concreta” respecto de las demandas planteadas.
La timonel gremial también expresó inquietud por los anuncios presupuestarios de la administración de José Antonio Kast, advirtiendo que estos “auguran una reducción económica que resulta profundamente preocupante” para el funcionamiento de los servicios y la atención de los sectores más vulnerables.
“Nos queda como legado Corporaciones de Asistencia Judicial precarizadas, pese a su enorme incidencia social, y un nuevo Servicio de Acceso a la Justicia que, pese a las buenas intenciones, esperamos no replique las carencias que hoy afectan a una labor esencial para el Estado”, concluyó.
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