- La Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio del Medio Ambiente busca aportar su experiencia técnica a la discusión del Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social.
La Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio del Medio Ambiente (FENATRAMA) solicitó formalmente una audiencia ante la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado para exponer su visión respecto del Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social (Boletín N° 18.216-05), iniciativa que contempla modificaciones relevantes a la institucionalidad ambiental del país.
La organización gremial manifestó su interés en contribuir al debate legislativo desde la experiencia acumulada por las y los funcionarios que participan diariamente en la implementación de políticas públicas, evaluación ambiental y gestión de los desafíos asociados al desarrollo sostenible.
Al respecto el presidente de FENATRAMA, Francisco Cabrera, destacó la importancia de incorporar la mirada técnica de quienes trabajan en la institucionalidad ambiental.
“Los trabajadores y trabajadoras de la institucionalidad ambiental tenemos una experiencia técnica que debe ser escuchada. Queremos aportar al debate legislativo para asegurar que el desarrollo económico vaya de la mano con una institucionalidad ambiental sólida, eficiente y capaz de responder a los desafíos del país”, señaló.
Asimismo, Cabrera manifestó la preocupación de la federación respecto de algunas propuestas que se han planteado en el marco de la discusión legislativa.
“Cuando un proyecto es rechazado en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), las inversiones realizadas previamente forman parte del riesgo propio de cualquier iniciativa. Nos preocupa que hoy se plantee que esos costos sean compensados por el Estado a grandes conglomerados económicos, ya que ello podría sentar un precedente complejo para la institucionalidad ambiental”, afirmó.”, afirmó el dirigente.
Desde la federación sostienen que las reformas en discusión tendrán efectos directos sobre la capacidad del Estado para resguardar el patrimonio ambiental, otorgar certeza a los procesos de evaluación y compatibilizar las necesidades de crecimiento económico con la protección de los ecosistemas y las comunidades.
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