Fijan prisión preventiva para carabinero que fue formalizado por torturas en el marco del estallido social

En prisión preventiva quedó un carabinero que fue formalizado por el delito de torturas por hechos que se registraron en el marco del denominado estallido social y cuando él se encontraba en funciones activas en la 39° Comisaria de Carabineros de El Bosque.

La Fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Sur, Paulina Díaz, explicó que los hechos se produjeron tras una patada que le dio la victima al carro policial donde se encontraba el uniformado.

«En el marco de las manifestaciones del estallido social, según lo que tenemos acreditado en la carpeta investigativa, a raíz de una patada que la victima le habría lanzado a la patrulla en la que circulaba el imputado, este se baja del vehículo con intención de alguna manera sancionar o castigar a esta persona por haber lanzado esta patada, lo persigue hasta que finalmente le da alcance en una feria».

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La persecutora agregó que tras alcanzar a la victima, el carabinero habría golpeado en reiteradas ocasiones, provocándole múltiples fracturas en su rostro.

«Al interior de la feria, este sujeto agrede físicamente a la victima con golpes reiterados a nivel de su rostro provocándole una multiplicidad de fracturas de carácter grave según el Servicio Medico Legal pudo constatar, por lo que la victima tuvo al menos dos meses de recuperación y  estuvo muy delicada su tratamiento debido a estas lesiones sufridas en forma absolutamente injustificada», añadió la fiscal.

La fiscal añadió que debido a la gravedad del delito y la pena que arriesga, el tribunal accedió a decretar la medida cautelar de prisión preventiva.

«El tribunal decidió acceder a la prisión preventiva que solicitamos como Ministerio Público por estimar que efectivamente la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad, atendida a la pena que arriesga con el delito de tortura, una pena de crimen a todas luces que va desde 5 años 1 día hasta 10 años y considerando además que en el fondo se trata de un delito que por supuesto es sumamente grave porque es cometido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones», finalizó.