La Asociación Nacional de Fiscales continúa el paro total de actividades en el Ministerio Público durante todo el día, acusando “incoherencia y “discriminación» junto a la Asociación de Magistrados y de Defensores Públicos en el proyecto de ley de reajuste al sector público.
A partir de las 10 de la mañana, la comisión de Hacienda del Senado retomará la discusión para ser votada este martes en la sala del Senado, donde, desde ya, Francisco Bravo, representante de los fiscales, adelantó los pasos a seguir.
“De acuerdo a las decisiones que se tomen en la comisión de Hacienda del Senado, iremos evaluando los pasos a seguir, si es que mantenemos el paro este martes o el resto de la semana”.
Asimismo, apuntó a la responsabilidad directa hacia la ministra de Justicia, Marcela Ríos.
“La ministra de Justicia señaló en un medio de comunicación que había un inicio de conversaciones y la verdad es que yo no la conozco, por lo tanto, no sé a qué conversaciones se refiere. Con la Ministra Tohá tampoco ha habido ningún acercamiento, nosotros hemos insistido que ante la pasividad de la ministra de Justicia y ante la indolencia de la Dirección de Presupuestos, me parece que Carolina Tohá que tiene un liderazgo reconocido en el gobierno es la que debiese asumir la conducción de esta crisis porque tiene que ver precisamente con temas de seguridad que la propia ministra ha señalado como un tema prioritario para el país”.
Respecto a las garantías que esperan por parte del ejecutivo, Bravo, enfatizó que
“Una señal de diálogo que es la que no hemos tenido durante todas estas semanas, esto no lo empezamos ayer, hace dos semanas buscamos audiencia con el ministerio de Justicia, de Hacienda y fueron rechazadas, nos recibió después la subdirectora de racionalización de la dirección de Presupuesto en una reunión muy desagradable donde esta señora se paró y se fue y ni siquiera se despidió, en consecuencia, esperamos apertura y diálogo que es lo que no hemos tenido por parte del gobierno”.
Recordemos que tanto las organizaciones que conforman el poder judicial como los gremios de salud, solicitan ser incorporados al 12% del reajuste, monto que está establecido para quienes tengan remuneraciones brutas de hasta 2 millones 2 mil pesos, mientras que para los empleados que reciban un sueldo superior a este monto, percibirán un aumento total y único de 264 mil pesos.
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