14 de abril 2024

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El Ministerio Público está llevando adelante una investigación por un posible caso de tráfico de influencias en el Ministerio de Energía, donde se indagan una serie de reuniones que habría sostenido una asesora del ex jefe de la cartera y una representante de la empresa Engie, en el contexto del debate por el proyecto de ley del actual gobierno que buscaba estabilizar los precios en las cuentas de las luz.

El caso quedó al descubierto tras una denuncia anónima que fue recibida por la Brigada Investigadora Anticorrupción de la PDI, institución que ofició al Ministerio de Energía, según reveló Ciper Chile.

Dicho oficio solicitó información sobre las reuniones del entonces ministro, Claudio Huepe, en el contexto de la tramitación de la Ley, además de detallar también las reuniones de una de sus principales asesora, Gabriela Manríquez Roas, quien se habría reunido con María José Ariztía Larraín, encargada de hacer lobby por la empresa Engie.

Según el mismo medio, el ex ministro Huepe ya habría prestado declaración por esta indagatoria, junto a otros funcionarios de su administración. Desde la actual administración de la cartera señalaron a Ciper que «no tiene información de que alguno de los funcionarios que actualmente trabajan en el ministerio estén siendo investigados».

Un día después que la PDI oficiara al ministerio, la cartera abrió un sumario en contra de Gabriel Manríquez, el que terminó sin establecer responsabilidades ni sanciones. Entonces, la asesora declaró que «mi impresión es que esta denuncia tiene origen en la tramitación de la Ley 21.472 de estabilización de tarifas, porque se creó un cargo a los grandes consumidores eléctricos, para que no subieran las tarifas de los clientes regulados, y eso pudo ser interpretado como un beneficio a las empresas de generación (…) Sin embargo, eso no es correcto, ya que el objetivo de la ley fue resguardar los pagos correspondientes por los contratos existentes de dichos generadores usando mecanismos de subsidios cruzados, al igual que se hace en la ley de equidad tarifaria, y asegurar los costos financieros del retraso en esos pagos, cuya definición quedó delegada directamente al Ministerio de Hacienda».

Ciper también consultó a las empresas implicadas en la investigación, y desde Generadoras de Chile, respondieron que «generadoras participó formalmente en el debate de la ley a través de reuniones solicitadas por Ley del Lobby, así como en las sesiones del Congreso a las que se nos invitó», sin embargo, reconocieron que «otro tipo de comunicaciones vía mensajería, que no constituyen instancias formales de trabajo, fue únicamente para comentar correcciones puntuales de términos técnicos y financieros mal empleados o escritos erróneamente en el proyecto, lo que bajo ningún punto de vista alteró el sentido y alcance del proyecto que impulsó el ejecutivo».