La Fiscalía Nacional confirmó este viernes que abrió una investigación penal de oficio ante posibles delitos en la polémica entrega de pensiones de gracia a presuntas víctimas de violaciones de Derechos Humanos en el contexto del estallido social.
Mediante un comunicado, el Ministerio Público informó que «El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, decidió abrir una investigación «penal de oficio con el de fin de recabar todos los antecedentes y, a partir de ello, analizar la posible comisión de delitos en la entrega de pensiones de gracia».
«Dentro de los delitos que podrían configurarse- dependiendo si se acreditan conductas dolosas o culposas, tanto activas como omisivas, de parte de funcionarios públicos o de particulares- se encuentran las figuras previstas en los arts. 233, 234, 239 o 470 N° 8, todas del Código Penal», detalla el documento.
En ese sentido, indica que «la investigación debería determinar si los funcionarios públicos efectivamente se encontraban a cargo de los pagos, si intervinieron o participaron en la asignación de los recursos, si incumplieron con sus funciones o si existieron conductas engañosas o fraudulentas para obtener los beneficios estatales, entre otras materias que deberán ser indagadas».
Finalmente, la investigación quedó a cargo de quien recién asumió la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, Marcos Pastén.
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