Este lunes (22), desde la fiscalía argentina solicitaron una pena de 12 años de prisión para la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández, durante un juicio oral que se le aplica por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública cuando ejercía como presidenta del país trasandino entre 2007 y 2015 (investigación por la cual ella solicitó la ampliación de su declaración indagatoria después de que la Fiscalía finalice la fase de alegatos). También se solicita inhabilidad perpetua para que la vicemandataria pueda ejercer cargos públicos.
«He instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto», anunció la vicepresidenta, Cristina Fernández, a través de su cuenta de Twitter.
He instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto.
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 22, 2022
Cristina Fernández ya había hecho una declaración indagatoria ocho días antes de asumir como vicepresidenta el 2 de diciembre de 2019, cuando reiteró que el proceso respondía a una persecución judicial o «lawfare» ideada por el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).
Fernández está procesada por el presunto delito de asociación ilícita y defraudación en perjuicio de la administración pública.
El juicio, que comenzó el 21 de mayo de 2019 entra en su recta final y se prevé que haya veredicto antes de que termine 2022, en un caso en que se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en la austral provincia de Santa Cruz.
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