El Ministerio Público presentó este jueves ante la Corte de Apelaciones de Temuco la solicitud de desafuero del diputado Mauricio Ojeda (Ind) en el marco de la investigación de la arista «manicure» del denominado Caso Convenios en la Región de La Araucanía.
En este caso, la investigación busca esclarecer el traspaso de más de $730 millones desde el Gobierno Regional de La Araucanía a las fundaciones Folab y Educc.
El nombre del diputado surgió a partir de un depósito que hizo a Rinett Ortiz, directora y representante de Folab, por $45 millones, lo que según explicó el parlamentario «presté dinero a quien me solicitó porque estaba tremendamente complicada, pasando por una situación compleja. Por primera vez en mi vida tuve que pedir un crédito para prestarle ese dinero. Luego se me fue devuelto».
Posteriormente, de acuerdo a los antecedentes de la Fiscalía, el diputado exrepublicano habría arreglado encuentros entre Rinett Ortiz y el Gobierno Regional donde se gestaron detalles para adjudicar convenios a la ONG que le permitieran obtener recursos, incluso, en el marco de parámetros para no ser detectados por Contraloría.
Además, tras conocer la indagatoria del caso, Ojeda habría sostenido reuniones con otros imputados.
Cabe señalar también que recientemente se hizo público que a cuatros días de entregar su teléfono a la PDI, el diputado aseguró que éste fue destruido por su hijo.
Ahora, en la solicitud de desafuero la Fiscalía argumenta que en este caso persigue posibles delitos de fraude al Fisco y otros de corrupción, donde «entre los imputados investigados se encuentra el honorable diputado de la República don Mauricio Antonio Ojeda Rebolledo, reuniéndose una gran cantidad de antecedentes que derivan en la decisión del Ministerio Público de formalizar la investigación respecto del citado parlamentario y requerir medidas cautelares».
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