Funcionarios de la Asistencia Judicial advierten riesgos por falta de recursos en programas de apoyo a la infancia

• AFUNCAJ Biobío denunció que la falta de incremento presupuestario pone en riesgo la continuidad y eficacia del programa “Mi Abogado”, pese a estudios que acreditan su impacto en la prevención del delito y la protección de niños, niñas y adolescentes vulnerados.

Funcionarios de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) de la región manifestaron su profunda preocupación ante el nulo incremento presupuestario para este 2026, en políticas públicas orientadas a la protección de la infancia, particularmente en el programa “Mi Abogado”, que desde 2017 entrega defensa jurídica especializada e independiente a niños, niñas y adolescentes (NNA).

Desde la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la CAJ Biobío (AFUNCAJ Biobío) advirtieron que, pese a que este programa “contribuye a reducir tanto la participación de menores en delitos como su permanencia en residencias de protección”, no existe voluntad financiera para fortalecerlo.

Así lo denunció el abogado del Programa Mi Abogado (PMA) y dirigente de las y los trabajadores, Enrique Águila, quien sostuvo que incluso existen estudios internacionales que respaldan una disminución de hasta un 30 % en los procesos penales que involucran a menores vulnerados, mejorando además los índices de asistencia escolar de estos niños, niñas y adolescentes.

El antecedente al que alude el representante gremial corresponde a un documento elaborado por académicos de la University of Chicago, el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Pontificia Universidad Católica de Chile, publicado recientemente en la revista norteamericana The Economic Review. El estudio, basado en una muestra aleatoria de más de 1.800 niños y niñas de diversas regiones del país, concluye que el programa “Mi Abogado”, desarrollado por las Corporaciones de Asistencia Judicial, contribuye a reducir la participación de menores en delitos, así como también el tiempo que permanecen en residencias de protección.

“Lamentablemente, pese a que las autoridades del Ministerio de Justicia conocían estos antecedentes desde agosto del año pasado, no se consideró el más mínimo incremento de recursos, por ejemplo, dentro del subtítulo 21 de la Ley de Presupuestos de Chile, relativo a remuneraciones, aportes del empleador (previsionales/salud) y otros relativos el sector público , lo que impedirá financiar reemplazos o concursos para vacantes, afectando directamente al programa”, acusó Águila.

Finalmente, el dirigente advirtió un contrasentido, ya que la falta de financiamiento podría derivar en una sobrecarga laboral que afecte no solo a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables, sino también al propio Estado, pues “por cada dólar que el fisco invierte en el programa ‘Mi Abogado’, se ahorra 4 dólares solo por efecto de la prevención”, cerró el abogado y representante de los funcionarios.