Funcionarios del Hospital Psiquiátrico de Valparaíso niegan torturas y anuncian paro

Médicos y funcionarios del Hospital Psiquiátrico del Salvador de Valparaíso  anunciaron este martes el comienzo de un paro exigiendo un «acto reparatorio público» de parte de la ministra de Salud María Begoña Yarza , quien rectificó mediante un oficio sus polémicas declaraciones en contra del centro asistencial , acusando “tortura” en tratamientos electroconvulsivo . 

En un primer documento firmado por la secretaria de Estado citaba el artículo 150 del Código Penal que abarca «la tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y de otros agravios inferidos por funcionarios públicos», indicando que aquello «se configura en la medida en que se trata de funcionarios públicos que están actuando en forma contraria a la Lex Artis». 

Según consignó hoy La Tercera, el nuevo oficio de la ministra de Salud señaló que «luego de reunirme con trabajadores de la salud mental del Hospital en cuestión y obtener mayor detalle del contexto en el que se circunscribieron los hechos, me parece pertinente hacerle llegar este informe, pues describe las condiciones de precariedad en cuanto a infraestructura, equipamiento y procesos en que se han desarrollado la práctica clínica en el referido establecimiento». 

El documento señala que existe una «calificación jurídica distinta a lo dispuesta en el artículo 150 A del Código Penal, ya que a la luz de los nuevos antecedentes, esta me parece improcedente». 

Por este mismo motivo y en rechazo por las acusaciones de Yarza, los trabajadores del Salvador, tras una asamblea abierta, suspendieron los ingresos para atención cerrada y abierta, las consultorías, las solicitudes de peritaje en la unidad forense, los ingresos a hospitalización domiciliaria y a la unidad infantojuvenil, así como las entradas desde las unidades de emergencia de los distintos recintos de la red. 

Milena Rojas, presidenta de base de la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (Fedeprus) del Salvador señaló que “puesto que la legislación no permite retirar una acusación que ya fue presentada a la Fiscalía cuando no se es víctima, los funcionarios esperan que la ministra «se presente en el hospital a hacer un acto reparatorio público con nuestros funcionarios». 

«Ya no vamos a recibir a más pacientes que los que tenemos hasta este minuto. Cerramos la telemedicina y también los ingresos a las unidades de psiquiatría forense y los peritajes que nos piden de tribunales», señaló la dirigenta.  

«Teníamos que presentar un informe mañana a la ministra con algunas modificaciones que se van a realizar, con prestaciones que se van a brindar, y nosotros no estamos dispuestos hasta que no haya una reparación e indique que los funcionarios no son torturadores, porque nosotros también estamos recibiendo rechazo por parte de la comunidad. No podemos establecer diálogo cuando las confianzas se quebraron», agregó. 

Sin embargo, informaron que dispondrán de turnos éticos para los pacientes que ya están hospitalizados y que también entregarán recetas a usuarios de la atención abierta.