Ayer tuvo lugar un acto electoral en Nicaragua, el que careció de todas las condiciones para ser estimado válido y transparente.
La jornada se realizó en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos, encarcelamiento de líderes y candidatos opositores, represión de los partidos independientes, persecución sistemática a los líderes y organizaciones de la sociedad civil, ausencia de observadores internacionales y bloqueo a los medios de comunicación.
El Gobierno de Chile manifestó que «rechaza y no reconoce la legitimidad de las elecciones realizadas en Nicaragua, las que apuntan a eternizar a Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder consolidando un régimen dictatorial».
«Las autoridades nicaragüenses deben liberar sin condiciones a los presos políticos, restaurar la vigencia de los derechos civiles y políticos, autorizar el ingreso de organizaciones encargadas de velar por los derechos humanos y terminar con el acoso a la oposición», indicó la Cancillería en un comunicado.
Asimismo, «el Gobierno de Chile reafirma su solidaridad con el pueblo nicaragüense, hace presente su disposición a trabajar en el ámbito multilateral —especialmente en el marco de la Organización de Estados Americanos— y en toda otra instancia internacional para lograr el restablecimiento de la democracia en Nicaragua».
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