En una sesión extraordinaria del Consejo Asesor contra el Crimen Organizado en el palacio de La Moneda, fue presentada este martes la primera Política Nacional contra el Crimen Organizado (PNCO) para el período 2022-2027, que equivale a una hoja de ruta para enfrentar a las bandas delictuales que operan en Chile; iniciativa que además es pionera en el país.
De este modo, más de $39 mil millones serán destinados para fortalecer a: Carabineros, PDI, Aduanas, Dirección General de Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), la Unidad de Análisis Financiero y Gendarmería; a las que además se agregan -en calidad de integrantes del Consejo Asesor contra el Crimen Organizado- los ministerios de Interior; Defensa; Hacienda y Justicia; el Estado Mayor Conjunto; la Dirección Nacional de Movilización Nacional (DGMN); la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC); Servicio Nacional de Aduanas (SNA); el Ministerio Público; la Agencia Nacional de Inteligencia; el Servicio de Impuestos Internos (SII); y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Se trata de una iniciativa que busca «disminuir la actividad delictiva de las organizaciones criminales que operan en Chile, a través de la acción planificada y coordinada de las instituciones del Estado que colaboran en su prevención, control y persecución», por lo que contempla directrices y objetivos nacionales de la ONU, buscando desarticular bandas y organizaciones criminales, y debilitar su poder económico y financiero.
Por lo tanto, se implementarán medidas específicas para combatir los principales delitos y mercados criminales del país: narcotráfico; trata de personas; tráfico ilícito de migrantes; tráfico de armas y municiones; cibercrimen; contrabando y delitos medioambientales como el robo de cobre, madera y salmones; y sus delitos conexos como homicidios y lavado de activos.
CUATRO INSTANCIAS DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL:
– Consejo Asesor para la Coordinación y Unidad de Acción en materia de prevención y control del crimen organizado: mandatado para asesorar a Interior, primera sesión fue en 6 de mayo.
– Consejos regionales contra el crimen organizado: que asegura implementación de acciones a nivel territorial y priorizar delitos.
– Unidades de coordinación estratégica: análisis y alertas para detectar organizaciones criminales e insumir la toma de decisiones.
– Mesas interinstitucionales para abordaje de delitos de la criminalidad organizada: trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
EJES DE TRABAJO:
– Fortalecimiento institucional e inteligencia del Estado, que mejore coordinación para el intercambio y análisis de información, y la articulación de acciones conjuntas.
– Desbaratar la economía del crimen organizado, con mejor respuesta estatal en prevención, detección, persecución penal e incautación de beneficios obtenidos por el crimen organizado y la lucha contra el lavado de activos.
– Disminuir el poder de fuego de las organizaciones criminales, fortaleciendo la detección y persecución de tráfico ilegal y actualizando la legislación sobre tenencia de armas.
– Abordar el crimen organizado en recintos penitenciarios, previniendo operación, reclutamiento de nuevos integrantes y el “contagio criminógeno”.
– Agenda legislativa para mejorar la detección, investigación y persecución del crimen organizado.
– Actualizar equipamiento y tecnología.
– Formación institucional y de capital humano.
– Prevenir la corrupción en instituciones públicas.
– Reforma policial para aumentar eficacia en el enfrentamiento del crimen organizado.
– Fomentar cooperación y coordinación internacional.
Al respecto, el presidente Gabriel Boric afirmó que la PNCO corresponde a una hoja de ruta que determina metas y recursos para hacer frente a un «vacío que teníamos como país, en la lucha contra las organizaciones criminales e internacionales».
«Nuestra principal prioridad es garantizar la seguridad de nuestros habitantes en todas sus dimensiones. Quiero que en nuestra Patria todos y todas las habitantes puedan mirar al futuro con la certeza de que en Chile la delincuencia no seguirá creciendo», agregó.
«El Estado se está haciendo cargo de este fenómeno, con decisión, con urgencia y con recursos, para que podamos construir en conjunto un Chile más seguro (…) El Estado no se puede quedar atrás, si la delincuencia avanza, el Estado tiene que ponerse al día», señaló.
Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, indicó que la iniciativa contempla un «refuerzo a los organismos que controlan la entrada ilegal de armas en las fronteras».
«Hay medidas que tienen por objeto fortalecer las capacidades que hay en Aduanas para hacer este control. Esto es una de las líneas, bajar el poder de fuego, tenemos varias líneas; por ejemplo, controlar el desarrollo de crímenes asociados al crimen organizado desde los centros penales», explicó.
En tanto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo que paralelamente se está trabajando en el proyecto de ley de ciberseguridad y que el gobierno presentará indicaciones al proyecto de inteligencia.
Asimismo, el ex diputado subrayó que «El gobierno ha ingresado un conjunto de iniciativas: el sicariato; secuestro; tipificación del delito de extorsión; subir sanciones de tenencia y porte ilegal de armas», sentenció.
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