22 de julio 2024

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El Presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que crea el nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que llevará como nombre Mejor Niñez y reemplazará al Servicio Nacional de Menores (SENAME) en materia de protección.

En la actividad, el Mandatario estuvo acompañado de la Primera Dama, Cecilia Morel, la  ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, la subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, y la nueva directora implementadora del servicio, María José Castro, además del alcalde de Puente Alto, German Codina.

En la actividad el Presidente Sebastián Piñera comentó que «este nuevo enfoque que estamos empujando e impulsando con mucha fuerza se basa en criterios muy importantes: terminar con este trato institucionalizado, masivo, despersonalizado, y darles un trato como personas, como niños y devolverles lo más posible el derecho a vivir en familia. Por eso vamos a tratar de no separar a los niños de sus familias. Para evitar la separación entre los niños y sus familias hemos buscado incluir a estas dentro de las personas que recibirán atención y ayuda de parte de este nuevo servicio, Mejor Niñez».

El nuevo servicio Mejor Niñez dependerá del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y se encargará de proveer la oferta de protección especializada para los niños amenazados o vulnerados en sus derechos.

En ese sentido, la ministra Karla Rubilar, señaló que «estamos creando un servicio que pretende devolverles el cariño, cuidado y dignidad que necesitan nuestros niños, niñas y adolescentes como siempre debió ser».

Mejor Niñez, aseguró el Gobierno «atenderá aproximadamente a 250 mil niños, niñas y adolescentes por año, y estará encargada de la reinserción y reparación de menores vulnerables».

La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, ha cuestionado este nuevo servicio por mantener «el sistema de financiamiento, que mantiene la lógica de la subvención que ha sido severamente cuestionada en el lapidario informe que el Comité del Derecho del Niño formuló contra Chile”.

Es por esto que declaró que no es posible una reforma estructural “sin una ley de garantía y un cambio de modelo de intervención financiado eficientemente desde una estructura distinta de la subvención».