Esta mañana la Defensoría de la Niñez interpuso ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, una acción constitucional de Amparo frente a la detención «ilegal y arbitraria» realizada ayer, por parte de funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, a la hija del comunero Camilo Catrillanca Marín, G.P.C.A., de sólo 7 años.
La acción fue presentada en contra del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, del Prefecto Inspector Jefe de la Zona La Araucanía de la Policía de Investigaciones de Chile y en contra de los funcionarios que participaron de los hechos, por vulnerar el derecho constitucional de la libertad personal y seguridad individual, que le asegura a G.P.C.A. el artículo 19 N°7 de la Constitución Política de la República
La Defensora de la Niñez advirtió que “Es inaceptable la detención de una niña, es ilegal y arbitrario, y la actuación de la PDI constituye una privación, perturbación o amenaza del derecho a la libertad personal y seguridad individual de G.P.C.A., de 7 años de edad, que estuvo detenida dentro de un vehículo de la Policía de Investigaciones de Chile, por cerca de tres horas, hasta que fue entregada a su abuelo paterno, Sr. Marcelo Catrillanca, a las 17:27 horas”.
Por otro lado, destacó lo señalado por la Convención sobre los Derechos del Niño, en que los Estados Partes reafirman la necesidad de proporcionar a los niños cuidados y asistencia especial, obligándose los Estados a adoptar medidas judiciales, administrativas y sociales, especiales de protección y cuidado, siempre guiados por el principio del “interés superior del niño”, entendiéndolo no solo como un principio rector inspirativo, sino como también un derecho sustantivo y norma de procedimiento que debe guiar todo proceso en el que se encuentre involucrado un niño, niña o adolescente.
En el recurso presentado se consideran, además, los estándares establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, puesto que los tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile, y que se encuentran vigentes, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Además, por mandato constitucional, tienen primacía por sobre las normas de derecho interno, indicó Patricia Muñoz.
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