Cerca de 200 solicitudes de pensiones de gracia por violaciones a DDHH aún no tiene respuesta del Ministerio del Interior

La Dirección del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ofició al Ministerio del Interior, para solicitar información respecto del cumplimiento e implementación de pensiones de gracia por violaciones a los Derechos Humanos en el contexto del Estallido Social.

La institución recuerda que de acuerdo a la ley «se podrá considerar como beneficiarios a aquellas víctimas de violaciones a derechos humanos acreditadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos que a causa de sus lesiones sufran un menoscabo permanente, completo o parcial, de su capacidad de trabajo desde el 18 de octubre de 2019 en adelante», lo que permite solicitar al Presidente de la República una pensión de gracia.

Adicionalmente, el INDH, ha expresado preocupación ya que ha remitido una serie de expedientes con solicitudes de pensiones de gracia de víctimas de violaciones a los derechos humanos acreditadas, totalizando para el presente año 206 carpetas (191 de este año y 15 del año anterior), las que a la fecha no tienen respuesta por parte del Ministerio.

El oficio además remarca la necesidad del establecimiento de una comisión calificadora de víctimas, que debería constituirse luego de haber escuchado a la sociedad civil, a las propias víctimas, y a los organismos nacionales de derechos humanos, como el INDH.

También, en el texto se aclara que el Director del INDH le expresó al entonces Presidente de la República, durante enero de 2022, que «no es que las víctimas hubieren solicitado el beneficio: Fue el Estado de Chile quien se los ofreció, en una invitación que no era sencilla de aceptar, puesto que habían sido vulneradas en sus derechos fundamentales por agentes del mismo Estado que hoy les ofrece una ayuda».

Desde el INDH, también ha expresado su preocupación en el sentido de que la caracterización específica de «víctima de violación de derechos humanos», basada en los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones a derechos humanitarios, manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos, incluyéndolas en el marco general de «personas afectadas». Señala que contraviene lo dispuesto en la Ley de Presupuesto 2021 y 2022, incluyendo «otra institución competente» para entregar dicha acreditación, sin especificarla. Los decretos que firmó el gobierno anterior que concedían las pensiones se basaron en la aplicación de otra glosa que se aprobó para 2022, referida a personas afectadas, a pesar de que la relativa a víctimas de violaciones a los DDHH también fue incluida.