INDH solicita 15 años de cárcel para carabinero que disparó lacrimógena en contra de Fabiola Campillai

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) solicitó  una pena de quince años de cárcel para Patricio Maturana, capitán de la 14 Comisaría de Carabineros acusado de disparar una bomba lacrimógena contra Fabiola Campillai.

Según recuerda la acusación particular interpuesta por el organismo , que actúa en calidad de querellante en este caso, los hechos se desarrollaron alrededor de las 20.30 horas del 26 de noviembre de 2019 mientras se registraba una manifestación en San Bernardo. En la oportunidad Maturana advirtió la presencia de personas “que no formaban parte de la manifestación, no afectaban la libre circulación de transeúntes y/o vehículos, ni colocaban en peligro la vida y/o la seguridad de las personas”. Pese a ello, “abusando de su cargo y con el propósito de proferir dolor”, les disparó una bomba lacrimógena.

Una de ellas impactó a Fabiola Campillai, que estaba a 51 metros de distancia. El uniformado  y su grupo no prestaron auxilio a la herida, que quedó inconsciente. El piquete lanzó una bomba lacrimógena de mano a la hermana de Fabiola y luego de retiró del lugar. La víctima perdió completamente la visión debido al estallido de ambos ojos, sufrió fracturas en el rostro y el cráneo. Perdió el olfato. De no haber recibido ayuda médica, las heridas le podrían haber causado la muerte.

Desde el INDH plantean en su acusación en particular ,que estos hechos corresponden al delito de apremios ilegítimos con lesiones graves gravísimas. Además, tiene entre sus agravantes el haberlo cometido con “alevosía, entendiéndose que la hay cuando se obra a traición o sobre seguro”, sostiene el escrito del INDH. Junto con los quince años de cárcel, el Instituto solicita la inhabilitación absoluta de Maturana para ejercer cargos públicos. Actualmente Maturana cumple arresto domiciliario total.

Por su parte, los abogados de Fabiola Campillai pidieron quince años de cárcel. En tanto, el Ministerio Público solicita un castigo de doce años y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), de doce años y 183 días.