Un debate político se ha instalado nuevamente respecto a los indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric. Lo anterior, en medio del anuncio del presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, quién manifestó que esta semana se llevará a cabo la comisión investigadora que definirá si hubo irregularidades en el otorgamiento de este beneficio.
En las últimas declaraciones del ejecutivo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó que “el Presidente tuvo a la vista los antecedentes, obviamente, de las personas que iba a indultar», escenario que se planteó luego de que salieran a la luz nuevos datos sobre seis de las trece personas a las que el jefe de Estado les absolvió la pena, donde el director de gendarmería, Sebastián Urra, recomendaba no acceder a la solicitud dado el alto riesgo de reincidencia que presentaban.
En conversación con el programa Tolerancia 0, Monsalve señaló además que «evidentemente los indultos no fueron llevados a cabo bajo los procedimientos administrativos. Me salgo de la discusión respecto de las facultades constitucionales y a la legalidad, pero se le aceptó la renuncia a la ministra de Justicia y al jefe de Gabinete del Presidente».
Una misma línea, corroboró el ministro de Justicia, Luis Cordero, a Estado Nacional de TVN, que señaló respecto a los datos que “están todos los antecedentes en esos expedientes, basta leer la resolución. La resolución, cuando uno las lee, señala el énfasis de cuáles son los antecedentes y documentos que pesaron más para efectos del otorgamiento de los indultos». Sin embargo, los dichos de la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, indicó algo contrario.
“Efectivamente, si el Presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista la situación hubiese sido distinta».
“Los filtros se aplican en primera instancia en el Ministerio de Justicia, que es la cartera a cargo de esta tarea, pero también en última instancia».
Por otra parte, declaró que «el Presidente detectó efectivamente que hubo desprolijidades en la ejecución de una decisión política, fruto de una facultad presidencial que es de indultar. Por qué se produjo, porque el Presidente estableció dos criterios para aplicar los indultos».
Y agregó «uno, que es el conocido por todos, que es poder indultar a personas que en el contexto del estallido social hubiesen cometido delitos y que fruto de ello estuviesen condenados. Esto es un compromiso que se señaló incluso antes de asumir el cargo, ese fue el principal criterio. El segundo criterio que fijó era que en la carpeta de aquellos que estuvieran bajo esa condición se excluyeran personas que tuviesen antecedentes complejos previo al estallido y ese segundo criterio fue el que no se cumplió, fruto de una serie de desprolijidades de las cuales se asumieron las responsabilidades políticas».
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