Tras el fallo de la Corte Suprema, las isapres emitieron un comunicado pidiendo al gobierno dar a conocer lo antes posible la forma en que se aplicará dicha resolución, que ordena aplicar una nueva tabla de factores a los afiliados y devolver los cobros en exceso, lo cual de implementar la superintendencia de Salud.
«Ha pasado más de un mes desde el dictamen de la Corte Suprema, que instruyó a la Superintendencia de Salud definir la metodología de ajuste de los planes de isapre a la tabla de factores vigente. Y, a pesar de que organismos y expertos han planteado la criticidad de esta materia, la falta de celeridad en la autoridad mandatada a cumplir el fallo es grave: la Superintendencia de Salud no ha convocado al sector a un análisis de riesgos y no se ha vuelto a citar la mesa de trabajo que lidera el Ministerio de Salud», indica la Asociación de Isapres.
«La decisión que adopte la Superintendencia de Salud determinará si continúan o no las isapres y, con esto, las coberturas que han elegido, de acuerdo con sus necesidades, más de tres millones de afiliados. Si la autoridad opta por inhabilitar operativamente a las isapres, no solo se iría en contra de lo dispuesto por la Corte Suprema, que ordenó regular el funcionamiento futuro del sistema, también se causaría un daño irreversible a la red completa, que atiende a la mitad del país, impactando en cadena a prestadores, médicos, afiliados y, especialmente, a quienes sufren problemas de salud», agrega.
Luego señala que «si el gobierno opta por un cierre forzoso de las isapres, casi 350 mil pacientes GES quedarán desprotegidos y forzados a migrar intempestivamente al Fonasa, agravando el problema de oportunidad que tiene a casi 2,3 millones de personas en lista de espera».
«Algunos efectos de esta situación límite ya se han hecho evidentes y están afectando a los pacientes. Por eso es imperioso que la Superintendencia de Salud informe sus definiciones a las isapres y entregue lineamientos, al menos generales, con la mayor celeridad, para dar claridad a las personas y al sistema», advierten.
La entidad afirmó además que «el esperado proyecto de reforma al sector ha sido proyectado hacia fin de este año o comienzos de 2024. Mientras, se requiere un sistema de salud que funcione y dé tranquilidad y respuesta a quienes más lo necesitan, permitiendo el necesario espacio de discusión para transitar apropiadamente al nuevo ordenamiento, con las garantías de oportunidad, acceso y libertad de elección que exigen las personas».
«Los plazos apremian y no se evidencia que el gobierno esté ponderando el peligro de una crisis sanitaria de esta magnitud. Cabe hacer presente que las precauciones en materia de salud y el mandato de proteger la vida de las personas, son obligaciones de la autoridad que no deben desconocerse», sentencia el documento.
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