Este jueves, la excandidata a gobernadora por la región Metropolitana, Karina Oliva, desechó su derecho a guardar silenció y concurrió hasta la Fiscalía Sur a ofrecer declaraciones. Esto, considerando las acusaciones que mantiene por un presunto fraude de subvenciones.
Hay que recordar que la Fiscalía Nacional abrió una indagatoria en noviembre del 2021, después de que Ciper Chile publicara un reportaje que revelaba que siete militantes del partido Comunes emitieron boletas por un total de $137 millones por conceptos de asesorías durante la campaña de Oliva a la gobernación, lo cual la afectó directamente teniendo en consideración que aquellos montos figuran entre los más altos de una campaña desde que existe el registro del Servicio Electoral.
Hoy (19), Oliva fue interrogada como inculpada por obtención de prestaciones indebidas y delitos particulares de la ley electoral, y luego de declarar, aseguró que «es relevante entregar todos los antecedentes que permitan esclarecer hechos, situaciones más confusas o más complejas, para la opinión pública conocer sobre gastos electorales. Eso vamos a seguir haciendo la próxima semana, con exactitud, con tranquilidad, pero también con todo lo que corresponda entregar. Para que no solo en la Fiscalía haya un convencimiento del procedimiento que hay, sino que también de la opinión pública. Hemos dicho constantemente, tanto al Servel como a Fiscalía y a la opinión publica, que todos los gastos realizados y servicios prestados fueron debidamente respaldados, justificados y aprobados por el Servicio Electoral».
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