14 de octubre 2025

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Luego que la Cámara de Diputados despachara al Senado, aunque con artículos rechazados, el proyecto de ley que regula la inteligencia artificial (IA), el diputado autor de la iniciativa, Tomás Lagomarsino (Partido Radical), apuntó a una falta de representantes de distintos sectores en la discusión “producto que no han visto todavía los eventuales riesgos que puede significar a futuro”. En ese sentido, advirtió que “si no tomamos los resguardos para que esos usos de inteligencia artificial sean entrenados con los mejores datos y con menos sesgos, claramente se van a tomar malas decisiones”.

Al respecto, el parlamentario destacó que se trata la regulación de “una tecnología que ha venido a revolucionar nuestro planeta. Donde en cada lugar donde hay una persona tomando una decisión, en un futuro puede estar la inteligencia artificial tomando esa misma decisión con los riesgos que aquello significa”.

Lagomarsino presentó el proyecto en mayo de 2023, el que fue fusionado con la iniciativa que el Ejecutivo ingresó posteriormente, y explicó que “busca resguardar garantías y derechos fundamentales reconocidos en nuestro país, en materia de salud, social, financiera y de eventuales discriminaciones algorítmicas porque justamente la inteligencia artificial es eso”.

“Se alimenta de datos para entrenarse y tomar decisiones. Y si no tomamos los resguardos para que esos usos de inteligencia artificial sean entrenados con los mejores datos y con menos sesgos, claramente se van a tomar malas decisiones”, advirtió el legislador.

En ese contexto, manifestó que “hubo algunos artículos que fueron rechazados y que, por supuesto, se va a insistir en ellos en el Senado. Sin lugar a dudas esta es una discusión revolucionaria y de contingencia, donde lamentablemente muchos sectores de la sociedad no se han sumado a la discusión, producto que no han visto todavía los eventuales riesgos que puede significar a futuro”.

“Por eso es que este proyecto es tan relevante, porque logra equilibrar, por un lado, incentivar y no obstaculizar la innovación e inversión; pero también resguardar derechos fundamentales garantizados por el Estado de Chile”, concluyó.