La Contraloría General de la República (CGR) cuestionó la compra del inmueble que la Municipalidad de Las Condes, encabezada por Daniela Peñaloza (UDI), realizó para construir un Centro de Salud Familiar (Cesfam), señalando que el proceso no se ajustó a «los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, control y eficiente e idónea administración de los medios públicos».
Cabe recordar que estas conclusiones llegan luego que un grupo de concejales en marzo de este año, encabezados por la edil Catalina Ugarte, presentaron una denuncia por las presuntas irregularidades en la compra, la que se habría realizado con un sobreprecio cercano a las 10 mil UF. Similar situación a la que se investiga en Santiago en el denominado Caso Sierra Bella. Además, se suma una comisión para la empresa de cerca de $100 millones.
La CGR concluyó que en el caso del inmueble de Nueva Deli 1775 «no es posible verificar la regularidad en la tramitación del contrato de corretaje suscrito entre la Municipalidad de Las Condes y Vulcon Asset Management SpA y el decreto alcaldicio que lo aprueba».
También recordemos que la denuncia de los ediles señala que se habría omitido información de la compra, además de adulteración de actas del Concejo Municipal.
El informe detalla que en el proceso de compra de 10 casas donde se levantaría el recinto de salud, «si bien la Municipalidad de Las Condes identificó el primer convenio suscrito con Vulcon como un contrato de ‘corretaje’, su ejecución difiere de los elementos propios de dicho contrato, dado que dicha empresa suscribió entre el 16 de abril y el 21 de junio de 2022 contratos de promesa de compraventa en calidad de promitente comprador, adquiriendo derechos que luego prometió ceder a la municipalidad respecto de nueve inmuebles y vendiendo directamente al municipio una de las propiedades a un precio superior al cual lo adquirió, apartándose de la labor de intermediador propia de este tipo de convenios».
En ese sentido, apuntó que el municipio «no estableció con la debida precisión los derechos y obligaciones entre las partes, lo que pugna con principios de formalidad y de escrituración».
Finalmente, la CGR informó que remitirá los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
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