La iniciativa lleva el nombre de la pequeña que murió en agosto del 2022, tras ser atropellada en un accidente causado por un conductor de 80 años.
Parlamentarios de diferentes bancadas, junto a la familia de la pequeña Jacinta, presentaron este miércoles el proyecto de ley que modifica el Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2009, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y que busca aumentar las exigencias para los adultos mayores que renueven o saquen licencia de conducir.
La iniciativa, impulsada por Max Schnitzer y la abogada Liza Lucero, surge luego que en agosto del año pasado un conductor de 80 años, que conducía un auto de grandes dimensiones, impactó un vehículo más pequeño que atropelló el coche donde -junto sus padres- paseaba Jacinta González (nieta de Max Schnitzer), de 5 meses de edad.
La diputada Erika Olivera, quien lidera el patrocinio del proyecto, señaló que nada podrá devolver a Jacinta a su familia. “Es una pena que no tiene fin, como madre no logro imaginar el dolor que arrastran los padres de la niña. Sólo nos queda evitar que un accidente como este se repita porque, claramente, la ley tiene vacíos y necesitaba ser modificada hace mucho”.
Agregó que esta ley busca prevenir y que es importante asumir, por la seguridad de la población, que el debilitamiento de algunas aptitudes que, naturalmente sufrimos con la edad, puede ocasionar lentitud y errores en las reacciones, lo que trae como consecuencia que la conducción de vehículos motorizados se transforme en un peligro”.
El abuelo de Jacinta, Max Schnitzer, precisó que actualmente la ley contempla requisitos y limitaciones a los conductores mayores para obtener la licencia de conducir, pero si una persona sufre una enfermedad que puede provocar una disminución importante en sus capacidades, la municipalidad que otorga el permiso no tiene como enterarse de ello.
“Nadie nos va a devolver a la Jacinta, pero queremos aportan un grano de arena. Es una ley de prevención, no de castigo. Para que todos los adultos mayores sigan conduciendo, sólo con el requisito de un certificado de salud que los autorice a manejar. Me refiero, especialmente, a enfermedades gravísimas o en caso de estar desahuciado. Así que esperamos que esta ley que estamos todos impulsado logre serlo y salvemos muchas vidas, muchas Jacintas y jóvenes”, precisó.
La abogada Liza Lucero afirmó que la necesidad de aumentar los requisitos para que las personas mayores obtengan licencia de conducir responde a que con el avance de los años, los sentidos y otras capacidades motoras se van deteriorando. Según los expertos, desde los 65 años en adelante el 90% de la población sufre disminución de agudeza visual, mientras que a los 85 años el 40% presenta deterioro cognitivo, detalló.
En tanto, la diputada Emilia Nuyado afirmó que «respaldamos este proyecto porque existen antecedentes científicos de que las personas de edad avanzada van perdiendo capacidades de reacción y eso claramente es un peligro cuando conducen».
«Aquí se trata de cuidarnos todos incluso a los adultos mayores y por eso es que consideramos necesario poder regular la entrega de licencia de conducir para la gente mayor de 80 años. No queremos que nadie sufra la pérdida de un ser querido como lo que le ocurrió con la pequeña Jacinta», señaló la parlamentaria
El diputado Mauricio Ojeda afirmó «si tenemos la posibilidad de salvar vidas a través de una ley, siempre vamos a estar disponibles. Más aún, considerando que muchos adultos mayores, finalmente, no tienen las condiciones necesarias para poder manejar brindando seguridad a los ciudadanos; y también va a estar la posibilidad de que los médicos puedan certificar que sí están en condiciones. Por lo tanto, es una buena iniciativa que va a permitir salvar muchas vidas».
“Legislar en torno a la seguridad vial y las personas mayores era un tema urgente que no podíamos dejar pasar”, sentenció la diputada Marisela Santibáñez. Agregó, “no sólo se protege la vida de las personas mayores o de quienes sufran enfermedades consideradas invalidantes, sino que de la sociedad en su conjunto. Tampoco les estamos negando la posibilidad de seguir obteniendo licencias, sino que estamos adecuando la legislación para asegurar calles con choferes capacitados para la responsabilidad que significa conducir un vehículo. Esta iniciativa ya cuenta nuestra firma y apoyo, porque mi voluntad está en evitar muertes y accidentes innecesarios en nuestro país”.
Emilia Segura, coordinadora de Campañas de Change.org, mencionó que «la petición por la Ley Jacinta ya tiene más de 100.000 firmas, es la más firmada del año 2023 en Change.org. Vemos a muchas personas interesadas en regular las licencias de conducir para prevenir accidentes. La presentación de este proyecto es gracias al gran apoyo ciudadano y al trabajo que ha realizado Max Schnitzer, creador de la petición, junto con parlamentarios que han decidido apoyar su causa».
El proyecto
La Ley Jacinta busca evitar que los adultos mayores que, debido a su avanzada edad y el deterioro de su salud y aptitudes, conduzcan y pongan en peligro su vida y la de otros.
El texto señala que si una persona padece alguna enfermedad o alteración que pueda considerarse invalidante, ésta deberá presentar un informe del médico tratante donde se certifique que la deficiencia está compensada y que se encuentra en condiciones de salud normal y en control periódico, lo que debe acompañar con exámenes.
En casos calificados y siempre que la deficiencia no sea grave, se podrá otorgar licencia de conductor no profesional restringida. Pero, si la persona padece cáncer en etapa II o superior o cualquier enfermedad que por su tratamiento afecte de cualquier forma la capacidad psicomotora, se denegará sin más trámite la solicitud.
Las personas mayores de 65 años deberán anexar un certificado emitido por un médico geriatra o neurólogo, que certifique que el solicitante de la licencia tiene todas su capacidades físicas y motoras aptas para conducir un vehículo motorizado y que no padece ninguna enfermedad cuyo tratamiento afecte de cualquier forma su capacidad psicomotora.
El médico que entregue un certificado o informe falso será sancionado con una multa de 200 UTM en caso de que se produzca un accidente con resultado de lesiones graves o gravísimas y de 500 UTM si el accidente tiene resultado de muerte.
El juez, a petición del Ministerio Público, decretará las medidas cautelares necesarias para asegurar el pago de la indemnización de perjuicios a la que pueda ser condenado el imputado.
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