1 de diciembre 2021

Veritas Capitur

La Verdad se Conquista

Cuando debutó el Transantiago el 2007, el compromiso de las entonces autoridades era que el sistema se autofinanciaría, a través de la tarifa que pagaran los pasajeros. Sin embargo -y al verse que lo anterior era incapaz de producirse- apenas dos años después, entró en vigencia la ley que obliga al Estado a subsidiar el modelo.

Cada año, el fisco destina un monto determinado para financiar el sistema: este 2020 es de $590 mil millones, prácticamente la mitad que necesita el Transantiago anualmente para operar. La otra mitad proviene del pago que realiza cada pasajero al momento de validar su pasaje con la tarjeta bip!

A su vez, por cada pasajero transportado, el Estado paga a cada una de las operadoras un cierto dinero, que en la práctica debiera ser menor a la tarifa que rige para los usuarios ($700 actuales en los buses).

Esa premisa se cumple en todos los contratos que tiene el Ministerio de Transportes (MTT) con las empresas, excepto con una: Subus.

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De acuerdo al último ajuste, fechado al 30 de abril de 2020, el pago por pasajero transportado (PPT) que el Estado le efectúa a dicha compañía es de $797. Es decir, por cada persona que sube a un bus azul -que son los operados por Subus-, el fisco pierde $97.

Pero la condición viene produciéndose desde el 14 de noviembre del año pasado. Ese día se firmó un anterior ajuste contractual entre el Gobierno y la compañía. En esa oportunidad, se fijó que el PPT sería de $717.

La revisión del contrato se hizo porque en febrero de 2019, Subus envió una carta al MTT acusando perjuicios económicos por la entrada en operación de la línea 3 del Metro, lo que le habría quitado pasajeros a la compañía. El Ejecutivo cedió ante dicho reclamo.

No solo eso, sino además se determinó que el aumento de la flota operativa (más buses a cargo de operar), también implicaba un aumento del PPT. A esa conclusión se llegó luego que la cartera liderada por la ministra Gloria Hutt, determinara sacar del sistema a la empresa Alsacia, cuyos recorridos y buses fueron distribuidos entre las otras compañías, las que debieron asumir nuevos servicios.

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Así, y considerando solo el caso de Subus, el efecto sería un aumento en el déficit del Transantiago que -el año pasado- terminó en $0, gracias a la ley exprés que se tramitó en el Congreso y con la cual se suspendió el alza tarifaria de octubre, causante del denominado «estallido social».

La mencionada norma no solo canceló el ajuste en el valor del pasaje, sino también aprobó un nuevo subsidio transitorio para el sistema, con el fin de subsanar lo que dejaría de recaudarse por concepto del pago de las tarifas por parte de los usuarios.

Desde el Directorio de Transportes Público Metropolitano explicaron que el ajuste se hizo en el marco de la revisión contractual programada cada dos años y que no representa mayores gastos para el sistema, dada la disminución en la demanda en el contexto del estallido social y la pandemia por Coronavirus.

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