Megaincendio: Diputado Lagomarsino ingresa querella criminal y pide citar a autoridades de Conaf, Senapred y DPR

El diputado Tomás Lagomarsino del Partido Radical, quién presidió la Comisión Investigadora del megaincendio ocurrido en la Región de Valparaíso durante febrero de este 2024, presentó una querella criminal contra quienes resulten responsables por el cuasidelito de homicidio múltiple con infracción al reglamento y negligencia de parte de autoridades y funcionarios públicos, “que habría llevado al lamentable deceso 137 chilenos y chilenas”.

En el Juzgado de Garantía de Valparaíso, el diputado Lagomarsino (PR) explicó que “esto se sustenta en que había información más que suficiente -66 minutos antes para el caso de Viña del Mar y 56 minutos antes para el caso de Quilpué- para haber iniciado un proceso de evacuación más coordinado, planificado y no exclusivamente a través del Sistema de Alertas de Emergencias (SAE) cómo finalmente ocurrió”.

Sobre esto, detalló que “recordemos que a las 17:35 una torre de vigilancia, ubicada entre los inicios de los focos y las zonas urbanas de Viña del Mar y Quilpué, alertó que el fuego iba rápidamente con destino a Viña del Mar. Aquella información llegó al Puesto de Mando Unificado (PMU) 66 minutos antes de las alertas de emergencias a Viña del Mar. Y un vuelo a las 17:40 alertó también al PMU que el fuego se encontraba a 1 kilómetro de Pompey Sur, y con ello tampoco se inició el sistema de evacuación y pasaron 56 minutos hasta que las alertas de emergencias fueron despachadas a Quilpué”

”Es decir, tenemos antecedentes suficientes para saber que había información para haber iniciado un proceso de evacuación mucho planificado y coordinado para los sectores de Viña del Mar y Quilpué, y que hubiera podido probablemente evitar el fallecimiento de las 137 víctimas fatales, que es lo que estamos sosteniendo en nuestra querella criminal contra quién resulte responsable”, explicó.

Asimismo, precisó que “la información que logramos recabar en la Comisión Investigadora es suficiente para circunscribir las responsabilidades políticas y penales en una serie de personas que estuvieron en el PMU. Pero no obtuvimos la información suficiente en nuestra indagatoria, porque evidentemente en algunas preguntas que realizamos reinaba el silencio o evadían las preguntas cuando llegábamos a los puntos más complejos”.

“Por tanto, nosotros tenemos claridad de quiénes podrían estar circunscritos a la responsabilidad penal, pero no somos capaces con la información recabada de puntualizar cuál de todos ellos o si más de uno son los responsables. Aquí teníamos un PMU donde estaba trabajando colaborativamente la Delegación Presidencial Regional que tenía el mando de autoridad, Conaf que tenía el mando técnico y Senapred que tenía el mando de coordinación. Entre estos tres organismos, según el plan regional de emergencia, debía tomarse la decisión e informar al sistema de respuesta ante desastres de que había que proceder a una evacuación coordinada, planificada, encabezada por los municipios, con cooperación y apoyo de Carabineros, Bomberos e incluso Fuerzas Armadas”, agregó.

No obstante, afirmó que “si es que no se activaba y no se decidía el proceso de evacuación desde el PMU y esto se informaba al sistema a través del central de alerta temprana, esto no sucedió. Y es justamente lo que ocurrió en aquel día contando con la información suficiente para decidir el proceso de evacuación, esa decisión no se tomó, no se informó y no se inició con la suficiente antelación”.

“Muy por el contrario, a las personas les llegó la alerta de emergencias del Sistema SAE a las 18:41 para Viña del Mar y 18:36 para los sectores de Quilpué, cuando el fuego ya estaba quemando sus viviendas y hogares o cuando ya estaba próximo a quemarlas. Y con ello, se constituye además una falta de servicio por parte del Estado”, complementó.

Igualmente, profundizó en la acción presentada indicando que “hemos circunscritos las responsabilidades y hemos pedido una serie de diligencias además de aportar una serie de documentos -como el mismo informe de la Comisión Investigadora- pero hemos ido un poco más allá y hemos individualizado, entre todos los documentos que recibió las Comisión, aquellos que son más relevantes para la investigación. Los que finalmente son las bitácoras de Conaf, de Senapred y también un oficio que nos mandó Conaf con la información del vuelo de las 17:40 horas y la comunicación que hubo”.

Según explicó, “desde allí es que hemos pedido las diligencias para que concurra a declarar al Ministerio Público el exdirector de Conaf, Christian Little; el director regional de Conaf, Leonardo Möder; el comandante de Incidentes de Conaf, Luis Correa; el jefe del Departamento de Protección contra Incendios Forestales, Juan Atienza; todos ellos se encontraban en el PMU en aquel fatídico 2 de febrero”

“También quien subrogaba la Delegación Presidencial Regional en aquel día, la seremi de Justicia y DDHH, Paula Gutierrez; así como una asesora de la DPR. Un funcionario de Senapred que estuvo en el PMU; los dos funcionarios que habrían estado en la torre de vigilancia. Todos quienes estaban en el vuelo de reconocimiento que informó a las 17:40. Así como el director regional de Senapred; y todos los funcionarios que estaban en el PMU, y también las alcaldesas y jefes de Departamentos de Gestión de Riesgo y Desastres de Viña del Mar y Quilpué, en el sentido de si fueron informadas de iniciar los procesos de evacuación”, añadió.

Asimismo, manifestó que “recordemos que estamos en una emergencia que escaló a emergencia nivel a regional. Y, por tanto, en lo que había que basarnos es en el plan regional de emergencias y el específico para incendios forestales”.

Por otra parte, el parlamentario fue consultado respecto a las declaraciones de la delegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González, quien señaló que no se debían determinar las responsabilidades políticas, sino sólo las materiales.

Al respecto, comentó que “me parece una declaración bien desafortunada, porque recordemos que en 2010, cuando fue el terremoto del 27F, el subsecretario del Interior y la exdirectora de Onemi de aquel entonces fueron juzgados y sentenciados por la justicia de nuestro país por los mismos artículos que estamos invocando hoy producto del fallecimiento de las personas por el tsunami que no fue advertido”.

“No sólo se debe indagar, investigar, llevar a la justicia y condenar a quienes fueron los responsables materiales del incendio, sino que la justicia también debe indagar los actos u omisiones que llevaron a esta cifra. De hecho, esto está considerado en el Código Penal, en el Artículo 492 que establece que todo aquel que incumpliendo los reglamentos o actúe con negligencia indebida y aquello resultare en fallecimiento puede ser condenado en el presidió que determina el Código Penal”, enfatizó.

Considerando esto, sostuvo que “aquí la delegada yo diría que está tratando de exculpar responsabilidad a autoridades y funcionarios públicos, que me parece que no es lo debido en un incidente que llevó al lamentable fallecimiento de 137 personas”.

En ese sentido, detalló “nosotros sostenemos en la querella que había información suficiente en el PMU para haber iniciado un proceso de evaluación con antelación de 66 minutos para el caso de Viña del Mar y 56 minutos para el caso de Quilpué”.

“No individualizamos la que querella con ninguna de las autoridades en particular, porque sabemos que la decisión se dejó de tomar en el PMU, donde habían autoridades y funcionarios -que tenemos claros quiénes estaban allí- y que dejaron de tomar la decisión de evacuar oportunamente y de comunicarla oportunamente al sistema”, precisó.

Además, indicó que “si nos basamos en la experiencia y el precedente y las jurisprudencia del 27F de 2010, hay precedentes de que autoridades y funcionarios públicos que, por su actuar u omisión en el ejercicio de funciones, llevaran al fallecimiento de chilenos y chilenas, pueden ser condenados a presidio, independiente de las otras medidas que se puedan adoptar”.

El parlamentario también fue consultado respecto al reconocimiento que hizo el exidirector regional de Conaf en Valparaíso, Alejandro Zuleta, quien afirmó que “no estábamos preparados para una emergencia”.

Sobre esto, señaló que “uno no puede dejar de escuchar y encontrarle sentido, sobre todo después de haber escuchado oficial y extraoficialmente a tantas personas durante el transcurso de la Comisión Investigadora. Y por ello, damos fe que, dentro de nuestra apreciación, coincidimos en torno al estado de Conaf”.

“También esto ha llevado a que finalmente esta institución no haya estado lo suficientemente preparada o haya actuado también con negligencia durante aquel 2 de febrero, llevando a la fallecimiento de 137 chilenos y chilenas, que es lo buscamos indagar de acuerdo al Artículo 492, inciso primero del Código Penal”, finalizó.