La minera Andes Iron recurrió a la Corte Suprema de Chile mediante un recurso de queja, luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta dejara sin efecto el procedimiento que buscaba obligar al Comité de Ministros a acatar un fallo favorable al proyecto Dominga.
La presentación judicial apunta contra tres integrantes del tribunal de alzada, a quienes la empresa atribuye “faltas graves” por haber invalidado el mecanismo que el Primer Tribunal Ambiental estaba utilizando para supervisar la ejecución de su sentencia.
El punto de conflicto
El origen del nuevo capítulo se remonta a diciembre de 2024, cuando el Primer Tribunal Ambiental anuló el rechazo que el Comité de Ministros había emitido en 2023 contra Dominga. En esa resolución, ordenó dictar un nuevo pronunciamiento, ajustado a parámetros específicos y respetando lo ya resuelto en decisiones previas.
No obstante, al volver a revisar la iniciativa, el Comité rechazó nuevamente el proyecto. Frente a ello, Andes Iron solicitó activar un procedimiento de “cumplimiento incidental”, mecanismo destinado a exigir que el fallo fuera acatado en los términos definidos por el tribunal.
En febrero de 2025, el Tribunal Ambiental concluyó que el Comité no había dado cumplimiento íntegro a la sentencia, pues habría incorporado nuevos argumentos para fundamentar el rechazo, fuera de lo permitido.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Antofagasta anuló ese procedimiento completo, argumentando que la sentencia no podía ejecutarse por esa vía.
Recurso ante la Suprema
Tras esa decisión, la empresa decidió escalar el conflicto ante la Corte Suprema. En su recurso, sostiene que el tribunal de alzada incurrió en errores técnicos al interpretar el proceso y que, en la práctica, dejó sin efecto una sentencia que ya se encontraba firme.
La compañía afirma que el fallo del Tribunal Ambiental sí era susceptible de exigirse mediante el mecanismo utilizado y que la Corte de Antofagasta no debió invalidarlo. Además, cuestiona que la anulación se haya realizado de oficio, es decir, sin una solicitud formal de las partes, lo que —a su juicio— compromete la posibilidad real de hacer cumplir lo resuelto judicialmente.
En términos prácticos, Andes Iron advierte que, si prevalece el criterio de la Corte de Apelaciones, las decisiones de los tribunales ambientales podrían quedar sin instrumentos eficaces para asegurar su ejecución.
Un litigio de larga data
El proyecto Dominga arrastra más de diez años de tramitación, con episodios de aprobación parcial, rechazos administrativos y sucesivas revisiones ante instancias judiciales. En días recientes, la Corte de Apelaciones de Antofagasta ya había dejado sin efecto otra resolución del Tribunal Ambiental, lo que el Gobierno interpretó como un revés que pondría de manifiesto deficiencias relevantes en el proceso.
Pese a este escenario, Andes Iron ha reiterado que mantendrá su intención de sacar adelante la iniciativa.
SIGUE LEYENDO
Justicia acoge solicitud de Daniel Jadue y lo deja con arresto domiciliario nocturno por caso Farmacias Populares
“Asesinos y criminales”: Presidente Boric a gobierno israelí tras video que enseña muerte de niño palestino
Dan de alta a ex primera dama Marta Larraechea tras semanas en la UCI por picadura de abeja