22 de febrero 2024

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La ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló este jueves que el mecanismo y procedimiento para otorgar pensiones de gracia a las víctimas en el contexto del estallido social estaba definido por la administración anterior del expresidente Sebastián Piñera.

Los dichos de la secretaria de Estado responde a las consultas luego del informe de Contraloría General de la República (CGR) sobre estas pensiones y la declaración del Instituto Nacional de Derechos Humanos que dijo limitares a acreditar calidad de víctimas y apuntó a que correspondía al Ministerio del Interior la revisión de antecedentes penales.

En primera instancia, la ministra Tohá precisó que «el número es más alto» que los 58 casos  de pensiones de gracias otorgadas a personas con antecedente penales detectados por CGR, indicando que en realidad se tratarían de al menos 69.

Posteriormente indicó que el procedimiento para otorgar las pensiones de gracia fue definido en la Ley de Presupuesto de 2021 implementada en 2022 «en base a un oficio que dictó el entonces subsecretario Galli», en donde no se contemplaba la evaluación de antecedentes penales entre los requisitos para postular.

Tras el reconocimiento de un «error» calificado como «hecho grave» por el subsecretario Monsalve, la ministra Tohá comentó que «el Ejecutivo comparte que era una falencia de este proceso que no tuviera a la vista a los antecedentes penales, pero no fue una decisión nuestra».

«Hay un procedimiento que no estaba bien pensado y no solo respecto a las pensiones del estallido. Estamos revisando las pensiones de gracia hacia atrás», complementó.

En ese sentido, señaló que «el proceso por el cual se asignan las pensiones de gracia está en la ley (…) no las definió este Gobierno, las definió el Parlamento (…) estas cosas se votaron, se aprobaron de esta manera y las reguló en un oficio el gobierno anterior».

«No fue nuestro Gobierno el que definió este procedimiento estaba definido ya cuando nosotros llegamos», concluyó.