La Comisión que revisa la acusación constitucional contra el ministro de Educación Raúl Figueroa, aplazó para el lunes 09 de agosto la sesión. Las razones es que el documento presentado por la defensa del jefe de la cartera contiene 300 páginas, que los miembros de la Comisión solicitaron estudiar con tiempo.
Los argumentos establecen entre otras cosas, la flexibilización de la Subvención Escolar Preferencial, donde detallan que permitió utilizar entre 120.000 y 170.000 millones en gastos relacionados con la pandemia y suman que los establecimientos educacionales usaron alrededor de 30.000 millones para la inversión de tecnología, equipos de sanitización y otros gastos relacionados a contribuir con la seguridad escolar.
Por otro lado, indica la entrega de 16.400 tablets a liceos de enseñanza técnico profesional, la distribución de 45.000 kits de apoyo pedagógico de Junji para familias y la priorización de los trabajadores de la educación en el proceso de vacunación contra el Covid 19.
Asimismo, las conclusiones indican que la acusación debe ser desestimada porque “no cumple con los requisitos básicos y esenciales para su procedencia” “se basa en opiniones, valoraciones y hechos que no han sido acreditados” y “el ministro acusado ha desempeñado su cargo con estricto apego a las facultades que le confiere la Constitución y las leyes, y ha promovido el funcionamiento del sistema educativo chileno pese a las dificultades del contexto de pandemia”, entre otros.
En cuanto a las reacciones sobre este proceso, la diputada Marisela Santibáñez (PC), la única representante de oposición en la acusación afirmó que el ministro Figueroa “ha sido abandonado a su suerte por los diputados oficialistas”, argumentando que “no ha existido en las sesiones de esta instancia un mayor interés de los parlamentarios oficialistas por hacer preguntas o dar argumentos que dejen en buen pie el ministro Figueroa, sino que más bien han apuntado a relevar la responsabilidad de los sostenedores de los colegios durante la pandemia”
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