5 de diciembre 2021

Veritas Capitur

La Verdad se Conquista

De acuerdo al Informe final 181 de 2020, de la auditoría a la Municipalidad de San Ramón, la Contraloría comprobó que entre 1 de enero de 2014 y el 31 de julio de 2019, el municipio contrató a 54 personas que registraban condenas por crímenes o simples delitos y determinó que la entidad comunal deberá poner término a los vínculos contractuales e informar de ello en un plazo de 60 días hábiles.

El informe fue remitido al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.

La Contraloría detectó además que cuatro funcionarios contratados entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de julio de 2019 tenían vínculos de parentesco con funcionarios que ocuparon cargos directivos, jefe de departamento o concejal en la Municipalidad de San Ramón.

Se demostró que la municipalidad desembolsó $5.503.888 por prestación de servicios a honorarios, sin contar con los antecedentes que respaldan dichos pagos.

Asimismo, la Contraloría descubrió que un funcionario, designado a contrata por 44 horas semanales registró una contratación a honorarios por “Prestaciones de Servicios en Programa Comunitarios” por un monto de $ 6.666.660, por servicios prestados entre enero de 2018 a marzo de 2019. Sin embargo, se acreditó que las actividades realizadas a honorarios fueron hechas dentro del horario laboral que debió cumplir como funcionario municipal a contrata.

La Contraloría formulará el reparo respectivo por la suma total ascendente a $12.170.548 e iniciará un juicio de cuentas para que dichos recursos sean restituidos.

Otro de los hallazgos es que ninguno de los contratos a honorarios examinados contenían cláusulas de inhabilidades, lo que infringe la legislación vigente.

Finalmente, el municipio deberá suspender los sumarios que estaba desarrollando y enviar todos los antecedentes a la Contraloría en un plazo de 15 días hábiles, para que el organismo de control lleve a cabo el proceso.

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