3 de diciembre 2021

Veritas Capitur

La Verdad se Conquista

«Han transformado la provocación al pueblo de Chile en un deporte». Esta fue una de las reacciones generadas en el Congreso tras el anuncio del Gobierno sobre su intención de recurrir al Tribunal Constitucional por el proyecto que busca la Ley de Pesca, conocida como Ley Longueira.

Esto, luego que este martes fuera aprobada en general por 81 votos a favor, 46 en contra y 12, debiendo pasar ahora a comisiones para revisar indicaciones.

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«Cuéntate una de vaqueros. Así trabaja el gobierno cuando la voluntad del Congreso no se acomoda a sus preferencias», afirmó el diputado Diego Ibáñez.

La diputada Claudia Mix señaló que «han transformado la provocación al pueblo de Chile en un deporte», advirtiendo que «supongo que asumen que no serán gobierno en décadas».

«¿No les da pudor? Esta es la prueba perfecta que en este Gobierno se promueve y defiende la corrupción y los intereses de unos pocos», dijo por su parte la diputada Maite Orsini, reacción similar a la de la diputada Camila Vallejo, quien indicó que la situación «no resiste mayor análisis. Este movimiento del Gobierno es sencillamente avalar la corrupción«.

«Piñera sigue amparando la corrupción y defenderá la Ley de Pesca ante el Tribunal Constitucional. Las 7 familias defenderán con uñas y dientes el regalo que les hizo Longueira», agregó el diputado Daniel Núñez.

El texto detalla que, durante la tramitación de la citada Ley 20.657, entre los años 2011 y  2013, diferentes sectores e instituciones de la sociedad civil, la pesca artesanal y comunidades indígenas cuestionaron su contenido y manifestaron que atentaba contra el interés nacional, la seguridad alimentaria y los derechos de los pueblos originarios.

A lo anterior, explica la normativa, se sumó la manifiesta presión indebida sobre parlamentarios ejercida por distintos grupos económicos de la pesca industrial que buscaban beneficiarse con las modificaciones propuestas por esta normativa.

Por dichos argumentos, la moción sostiene que la Ley de Pesca debe ser declarada nula, porque en el proceso de discusión parlamentaria se vulneró el principio constitucional de probidad.

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