24 de mayo 2024

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El diputado e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, Tomás Lagomarsino (Partido Radical) se refirió nuevamente al cálculo que hizo la comisión técnica para la implementación del fallo de la Corte Suprema contra las Isapres, exigiendo que se establezcan líneas rojas, como asegurar que los cobros en exceso sean restituidos a los afiliados, y no hacer interpretaciones para rebajar el monto.

“La última vez que este Congreso Nacional le preguntó a la Corte Suprema sobre el cumplimiento del fallo se hizo particularmente por parte de senadores. La Suprema fue clara y dijo que tiene que cumplirse el fallo y que no hay nada más que aclarar. En ese contexto, yo creo que no tenemos que repetir dicho bochornoso evento”, puntualizó el parlamentario.

Y agregó que “el fallo es claro en decir que aquellas personas que por la aplicación de la tabla única de factores de riesgo, se les debió haber subido el plan y no se realizó al momento, esa diferencia se desecha en el tiempo. Y que solamente constituye un cobro en exceso y, por tanto, debe ser restituido a aquellos que se les debió haber bajado el plan y no se hizo en el debido momento que es partir del 1 de abril de 2020”.

A juicio del diputado Lagomarsino, “creo que, en primer lugar, esto debe ser una definición de Estado, y que es una oportunidad adecuada para pensar en una reforma más estructural a nuestro sistema de salud: la situación que se está viviendo, puntualmente, con las Isapres”.

En ese sentido, recordó que “en esto hay que ser bien claro y transparente. Nosotros tenemos un mecanismo legal que mandata a comisiones o consejos asesores para desarrollar propuestas de esta envergadura. De hecho, en el primer gobierno del ex Presidente Piñera, en su segundo, y en el segundo gobierno de la ex Presidenta Bachelet, se convocaron consejos asesores presidenciales. De hecho, el actual director de Fonasa dirigió uno que entregó su informe final, que fue la comisión Cid el año 2014, y que tenía una propuesta de mayoría y una de minoría en aquel entonces.

De esta forma, expuso que “creo que si vamos a avanzar en este camino, que a mí me parece el adecuado y concuerdo con él, tiene que ser a la luz de un consejo asesor presidencial que convoque el Presidente de la República.” 

El legislador insistió en que “aquí, una distribución de este tamaño no puede realizarse o hacerse en una comisión ad hoc sin mandato legal, sin existencia jurídica, sino que tiene que convocarse por el Presidente de la República. Aquí tiene que haber un consejo asesor presidencial si este es el camino que la institucionalidad y el país va a seguir”.

Asimismo, planteó que “ahora bien, claramente en la implementación del fallo de la Corte Suprema tenemos que responder tres preguntas: ¿Cuánto es la deuda? ¿Quién la paga? ¿Y cómo la paga?”.

En relación con lo anterior, indicó que “yo establecería bordes muy claros, o líneas rojas, que creo que algunos concordarán conmigo, que no se deben transar ni transgredir, y que es: Lo primero, que la deuda es lo que es. No nos mintamos a nosotros ni al país bajando una deuda”.

“Y en segundo lugar, que en ningún caso la paguen los afiliados. Ni condonando dicha deuda, ni proyectándola en el tiempo, de tal forma que se paga con aquello que se le cobra o con aquellos aumentos que se cobran a los afiliados. Sino que, efectivamente, eso sea restituido”, detalló.

Finalmente sostuvo y recalcó que “hay un amplio margen en el cual se puede llegar a la forma en la cual dichos montos son restituidos: Con prestaciones, cada cierto tiempo disponibilizándose en recursos en periodos más amplio de lo que establece el régimen actual de excedentes, pero esos montos tienen que verlos restituidos, de alguna forma, los afiliados. Y la deuda no se puede interpretar, tiene que ser en su aplicación literal como bien la ha calculado el superintendente de Salud”.