29 de enero 2023

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La comisión encargada de analizar la admisibilidad de la acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, continua con el proceso de audiencias tendientes a esclarecer aspectos que son parte de los capítulos del libelo.

Uno de ellos refiere a haber dejado sin ejecución la ley que crea el Servicio de protección especializada de la niñez y adolescencia. En particular, en lo referente a licitaciones no concretadas, hecho que retrasaría la implementación de determinados programas.

Sobre el punto expuso la directora del citado servicio, también conocido como Mejor Niñez, Gabriela Muñoz. Relató que el cuestionamiento se enfoca en el concurso sobre intervenciones ambulatorias de reparación. Junto con mencionar la cronología del proceso, iniciado el 29 de julio de 2022, acotó que está destinado a atender a 17.848 menores.

Resaltó que se presentaron en este contexto 78 recursos de reposición, un recurso de protección y dos solicitudes de invalidación del concurso. En tal plano, se estimó prudente, a fines de octubre, iniciar un proceso de invalidación. Agregó que, en particular, había elementos que ameritaban una nueva revisión por las siguientes razones:

  • En los criterios de desempate de 13 informes no se identificaba el criterio que determinaba el proyecto asignado.
  • Había proyectos idénticos con diferencia de puntajes.
  • Posibles errores en la aplicación de la pauta por algunas comisiones evaluadoras.

 

En este contexto, y dada varias consultas de las y los diputados, Gabriela Muñoz fue enfática sobre ciertos aspectos. Uno de ellos es que el proceso de invalidación no implicó dejar sin atención a los menores. Aseguró que el 100% de los programas siguió, o con los gestores previos o con los nuevos. Solo quedarían pendientes 33 proyectos nuevos, destinados a niños en lista de espera.

Decisiones propias

Otro punto defendido es que el servicio es autónomo y que las decisiones que se tomaron las asume ella como jefa superior. Acotó que con el ministerio hubo la necesaria comunicación y coordinación. Asimismo, dijo que el ministro Jackson expresó su preocupación para que el proceso tuviera tiempos acotados y respecto de garantizar la continuidad de la atención a los menores.

Además, relevó que el secretario de Estado apoyó un aumento presupuestario para 2023, justamente para disminuir las listas de espera. En todo caso, recordó que ellas son dinámicas, ingresando cerca de 12 mil menores al mes al sistema.

Finalmente, entre otros datos, adelantó que la resolución final sobre la licitación se informará la próxima semana.

Otro capítulo de la acusación sostiene que se vulneró el principio de probidad e imparcialidad dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA). Especialmente, se refiere a la desvinculación de la exseremi Patricia Hidalgo, quien acusó presiones de la autoridad.

Para analizar esta arista expusieron los abogados María Soledad Mortera y Ricardo Irarrázabal. Ambos profesionales centraron su ponencia en la legislación medioambiental y la forma en que opera el SEIA. Igualmente, respecto de las atribuciones de los seremis y su relación con sus superiores jerárquicos, en este contexto.

Los profesionales coincidieron en que las decisiones de los seremis deben ser técnicas y no políticas, basadas en la evaluación ambiental. Cualquier presión para votar de una u otra forma implicaría una falta de probidad administrativa.

Irarrázabal indicó que, si la persona se desvincula porque no fue a la comisión de evaluación, está bien. Lo contrario sería si corresponde a no acatar una instrucción para votar de una determinada forma. “Eso se tiene que dilucidar en la comisión”, remarcó.