El 22º Juzgado Civil de Santiago declaró admisible la acción legal de La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile ODECU, en la que señaló que existen méritos para iniciar un juicio en contra de los representantes locales del gigante mundial BAYER/MONSANTO por los efectos que produjo el herbicida Roundup en millones de personas expuestas.
Según los argumentos legales de ODECU en la Demanda Colectiva, expuestos por la misma organización, el daño causado proviene del lento “envenenamiento cancerígeno” producido por el glifosato y los productos químicos del Roundup y cuyo daño constituye una conducta de infracción a los deberes del proveedor en el contexto de la Ley de Protección de Derechos del Consumidor chilena.
El Glifosato, aseguró la entidad de consumidores, es de uso masivo en los cultivos agrícolas de nuestro país, «la prevalencia de cáncer gástrico y de tiroides, que son los más asociados al uso del Glisofato, es significativamente mayor en las zonas donde se usa el químico como herbicida», señalaron en su comunicado de prensa.
El Roundup es elaborado por la mencionada empresa y distribuido y comercializado en Chile por BAYER Chile S.A. y Arysta LifeScience S.A., y fueron expuestos a sus efectos adversos trabajadores, consumidores y usuarios.
Según informó el presidente de ODECU, Stefan Larenas, afirmó que “los afectados por el herbicida Roundup en Chile tienen los mismos derechos a justicia y compensación que quienes fueron expuestos en Estados Unidos o Europa, donde BAYER ya reconoció judicialmente su responsabilidad, como sucesora de Monsanto”.
Para ODECU es posible y admisible que exista una relación causal, como la que comprobaron los tribunales norteamericanos en sus fallos relacionados a este tema, y que la propia empresa quiso llegar al acuerdo compensatorio con los miles de afectados en ese país.
Ante estos antecedentes, la autoridad agrícola y sanitaria chilena decretó la prohibición de importación del Roundup, pero no la comercialización de los stocks aún existentes en el país, señalan en el comunicado que se hizo junto al estudio jurídico Pérez Donoso.
La abogada de este mismo estudio, Rosario Figueroa, sostuvo que habría también un accionar negligente en ese aspecto: ”Es impresentable que tanto el SAG como la autoridad de salud hayan autorizado la venta de los stocks disponibles, sin considerar que el herbicida es extremadamente peligroso y cancerígeno”.
Bajo esta realidad, ODECU demandó una compensación por todos los perjuicios a la salud causados por el herbicida de BAYER/Monsanto, en un pago de 100 millones de pesos por daño físico y 100 millones por el daño moral, para cada uno de los enfermos que padezcan alguno de los tipos de cáncer asociados al Roundup, previamente mencionados, y que hayan estado expuestos a su agente químico.
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