28 de febrero 2024

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Han pasado más de 8 años desde que la ex presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Registro Civil e Identificación de Chile (ANFURCICH), Nelly Díaz, lideró un paro en su servicio que se extendió por cerca de 40 días. Ahora, la polémica ex dirigente vuelve a la palestra pública producto de dos denuncias presentadas contra el Estado de Chile ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por vulneración  de tres convenios vinculados a derechos sindicales, las cuales fueron recogidas por el ente con sede en Ginebra.

Por este motivo, una delegación de representantes del Departamento de Normas Internacionales de la OIT llega esta semana a Chile, con el objetivo de reunirse con las organizaciones que presentaron reclamaciones en el año 2023 por violación a convenios ratificados por el estado chileno, entre ellas la que fuera liderada por Díaz.

El objetivo es conocer el alcance, la profundidad y afectación de los derechos laborales asociados a los convenios denunciados.

Al respecto, la ex dirigente sindical valoró esta acción expresando que el arribo de estos representantes internacionales “confirma mi reclamación respecto a que el Estado de Chile vulneró derechos fundamentales en materia laboral que habían sido reconocidos como nación”, aseveró.

Recordar como antecedente que el año 2017 las y los funcionarios del Registro Civil se movilizaron, motivo por el cual la autoridad inició un sumario que -a días de vencer el plazo para cerrar la investigación- derivó en la destitución de Nelly Díaz de su cargo.

La ex timonel de ANFURCICH apeló a la resolución ante el director del servicio, así como ante las autoridades de turno del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a la contraloría General de la República, incluso a la Corte Suprema, quienes no reconocieron la Vulneración de Derechos a la libertad sindical y otros convenios ratificados por Chile.

Así, Díaz viajó durante el 2023 a Ginebra con otros dirigentes a presentar de  forma presencial las reclamaciones en contra del Estado Chileno por vulneración a distintos convenios ratificados por Chile respecto a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, al Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, al Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), así como también al Convenio sobre las relaciones de trabajo de la administración pública.