Oposición anuncia Comisión Investigadora por caso Steinert y no descarta acusación constitucional

Diputados y diputadas de oposición anunciaron que impulsarán una Comisión Especial Investigadora (CEI) para indagar las actuaciones de la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, luego de que la Contraloría General de la República concluyera que la exautoridad excedió sus atribuciones legales e infringió el deber de abstención al solicitar antecedentes reservados a la Policía de Investigaciones (PDI) sobre funcionarios vinculados a una causa penal en curso relacionada con el denominado “Clan Chen”.

La instancia buscará esclarecer las eventuales responsabilidades políticas y administrativas de la exministra y del Gobierno, además de determinar si existieron incumplimientos en el ejercicio de sus funciones y posibles consecuencias institucionales derivadas del caso. Según informaron los parlamentarios, durante esta jornada iniciarán la recolección de firmas necesarias para constituir la comisión.

La diputada Tatiana Urrutia (FA), integrante de la Comisión de Seguridad, explicó que la oposición decidió avanzar primero con una comisión investigadora, aunque dejó abierta la posibilidad de evaluar una acusación constitucional, precisando que “hoy día tenemos que juntar las firmas. La comisión tiene un plazo de 60 días, pero por supuesto que tenemos en la mesa la fecha del 19 de agosto para tomar cualquier decisión”.

“Estamos frente a un hecho grave, porque la ministra encargada de la seguridad pública del país se inmiscuyó en una investigación vinculada al crimen organizado”, sostuvo.

Por su parte, la diputada Daniela Serrano (PC) indicó “primero vamos a hacer una comisión especial investigadora para reunir antecedentes suficientes y no descartar un mecanismo también como es la acusación constitucional”.

En tanto, el diputado Jaime Araya (Ind-PPD), también integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, sostuvo que “no descartamos una Acusación Constitucional si aparecen antecedentes graves y serios respecto de las actuaciones de la ministra o de otras autoridades del Gobierno, pero hoy corresponde investigar a fondo y establecer todas las responsabilidades”.

Finalmente, el diputado Raúl Leiva (PS) afirmó que el dictamen de Contraloría establecería “un incumplimiento al deber de abstención” y una “transgresión al principio de juridicidad”, mientras que el diputado Patricio Pinilla (DC) sostuvo que la comisión permitirá recopilar más antecedentes y escuchar a los involucrados antes de adoptar otras acciones fiscalizadoras.